Memoria Histórica

Podemos e independentistas exigirán a Sánchez la nulidad por ley de las condenas franquistas

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. (Foto: EFE)
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La nulidad de las condenas del franquismo será uno de los debates que se instalarán en los próximos meses en el plan de memoria histórica del Gobierno, y por el que presionarán tanto Podemos como los partidos independentistas, socios en la moción de censura.

El pasado septiembre, los socialistas ya abrieron la puerta a esa nulidad, con una proposición no de ley en el Congreso -apoyada por todos los grupos, a excepción de PP y  ERC y con la abstención de Ciudadanos- en la que se reclamaba la nulidad de la sentencia de muerte del presidente de la Generalitat, Lluís Companys. La iniciativa -acordada por Pedro Sánchez y Miquel Iceta- declaraba que las sentencias contra Companys, dictadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, son «ilegítimas, radicalmente nulas e injustas y carecen absolutamente de eficacia y validez».

La proposición fue considerada un gesto hacia los partidos independentistas, apenas unas semanas antes de la celebración del referéndum ilegal. En el texto, se determinaba además la «ilegitimidad» del Tribunal  de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra, que fueron “constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa” en la Dictadura y que, por tanto, dictaron condenas «radicalmente nulas y carentes absolutamente de eficacia y validez» contra quienes «defendieron la legalidad institucional» y un modo de vida que amparan hoy los derechos y libertades constitucionales.

Declarar la nulidad de las sentencias abre la puerta a reclamaciones por los bienes confiscados a los condenados

La redacción implicaba un cambio significativo en la postura socialistas, ya que la Ley de Memoria Histórica, que Rodríguez Zapatero aprobó en 2007, establecía la ilegitimidad, pero no la nulidad de las sentencias. Se trata de una apreciación muy relevante, ya que lo segundo abre la puerta a reclamaciones patrimoniales de los bienes confiscados a los condenados del franquismo, lo que podría suponer un aluvión de procesos en los tribunales.

Tanto desde Podemos como desde los partidos independentistas se ha venido considerando que el actual redactado de la ley resulta «insuficiente». Por ello, las formaciones quieren aprovechar que el Gobierno ha reactivado las políticas en este campo para presionar por la anulación de los juicios y las sentencias. La iniciativa del PSOE de septiembre no tiene más efectos que los simbólicos. Para que resulte vinculante se necesita que esa nulidad se establezca por ley.

Los independentistas piden más que la ley de ZP

De hecho, el Parlamento catalán se adelantó al mismo Congreso cuando, en junio del año pasado, aprobó-en este caso, también con el voto a favor de PP y Ciudadanos-una proposición de ley de reparación jurídica a las víctimas del franquismo, que comportaba la nulidad de todas las sentencias y resoluciones dictadas en Cataluña durante el franquismo. La iniciativa -que surgió de Junts pel SíCatalunya sí que es Pot- la marca de Podemos -y la CUP- acabó siendo impulsada también por el PSC.

Podemos y los partidos independentistas piden modificar la Ley de Memoria Histórica por «insuficiente» 

En el debate en el Congreso, ERC argumentó su voto en contra en una enmienda en la que pedía, precisamente, que se sustituyese el término «ilegitimidad» de la ley de Memoria Histórica por el de «nulidad de pleno derecho». 

La misma opinión compartió el PDeCAT-aunque acabó apoyándola-y Podemos. Para el partido de Pablo Iglesias también es preciso modificar la ley de Zapatero.

El PP, por su parte, consideró que la ley de 2007 ya había recogido las «restituciones oportunas» a los familiares de los condenados durante el franquismo. Desde Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, reprochó que los socialistas «volviesen la vista atrás, una vez más».

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