El Govern quiere poner escoltas de los Mossos a Puigdemont en Alemania

El nuevo Govern de la Generalitat estudia la manera de volver a poner el servicio de escoltas al expresidente catalán, Carles Puigdemont,  en Alemania a la espera de que la Justicia de ese país se decida o no a extraditarlo a España en base a la orden del juez Pablo Llarena.

Si Puigdemont hubiese aceptado el cargo de expresidente cuando fue cesado por la aplicación del artículo 155, tendría automáticamente protección policial, además de una oficina con funcionarios y personal eventual a su servicio y un sueldo similar al que cobraba como presidente de la Generalitat. No fue así, y el nuevo Govern, con el control de los Mossos otra vez en sus manos, busca la manera de poner al servicio de Puigdemont agentes de la policía catalana durante su estancia fuera de España. Si no es extraditado, Puigdemont podría estar hasta veinte años fuera del país. El gobierno catalán podría alegar riesgo en la seguridad de un cargo electo, ya que actualmente es diputado en el Parlament.

Precisamente en los últimos días, el abogado del expresidente catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, denunció en distintos programas de televisión las amenazas e insultos recibidas por Puigdemont por las calles de Berlín, donde reside desde el pasado mes de marzo. El dirigente independentista y su equipo en la capital alemana incluso han llegado a mudarse temporalmente a Hamburgo, según Alonso-Cuevillas, para garantizar la seguridad del líder de JxCat.

Informe sobre el «nivel de amenaza»

Esta misma mañana, en Berlín, Puigdemont ha recibido la visita de los consejeros de Interior y Territorio del nuevo Govern de Torra, Miquel Buch y Damià Calvet, con quién se les ha visto pasear por las calles berlinesas. Buch, que aún no ha oficializado el nombre del nuevo jefe de los Mossos- con toda probabilidad, Joan Carles Molinero-está pendiente de un informe de la policía catalana sobre el nivel de amenaza sobre Puigdemont, para determinar que dispositivo de escoltas se le pone en Berlín.

La consejería de Interior de Miquel Buch también trabaja para paralizar el expediente de información reservada, que abrió la División de Asuntos Internos del cuerpo, la DAI, contra varios agentes que ayudaron a Puigdemont en su huída de España cuando ya estaba citado por la Audiencia Nacional y a los que le han protegido durante este tiempo.

La paralización de esta información reservada paralizaría la investigación de sus propios compañeros y la vuelta a la normalidad en sus cargos, excepto para Xavier Goicoechea y Carlos López, detenidos tras su vuelta de Bruselas, acusados de encubrimiento por acompañar al ex presidente durante su detención y con una investigación abierta en la Audiencia Nacional.