El Supremo decide sobre los recursos contra el procesamiento de la cúpula del ‘procés’

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha vuelto a fijar fecha -este lunes a las 10.30 horas- para la celebración de la vista en la que las defensas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de otros 14 investigados por el procés de independencia en Cataluña argumentarán contra el auto que dictó contra todos ellos el magistrado Pablo Llarena.

El trámite había sido señalado inicialmente para el pasado 6 de junio, pero se suspendió debido a un error en la tramitación con el escrito del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El procesamiento de los investigados será revisado por los magistrados Miguel Colmenero Menéndez, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro, que el lunes escucharán los argumentos de las defensas de Puigdemont, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el expresidente de ANC Jordi Sànchez; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Clara Ponsatí (en Escocia), Lluís Puig (en Bélgica) y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos ellos procesados por rebelión y algunos por malversación.

También han apelado los que exmiembros de la Mesa de la cámara parlamentaria Joan Josep Nuet y Anna Simó, acusados de desobediencia; los exconsellers Carles Mundó y Santi Vila, de desobediencia y malversación; así como Cuixart, al que se imputa inicialmente rebelión.

Delito de sedición o rebelión

En su auto de procesamiento, Llarena apuntó por primera vez a la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados como conspiración para la rebelión, reafirmándose en que concurre el requisito de la violencia para imputar este delito.

Asimismo, indicaba que en el «caso hipotético» de que no se acredite que esa violencia iba dirigida a conseguir la independencia de Cataluña se podría atribuir a los procesados el delito de sedición.

La confirmación de esta resolución -en la que se procesó a un total de 22 investigados- supondría cumplir con los criterios establecidos por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suspender de funciones a 11 de estos investigados y evitar así que puedan ejercer cargos públicos. Además, este artículo exige que haya decretada una situación de prisión, que se da en el caso de los que están procesados por el delito de rebelión, incluidos los que se encuentran fugados de la Justicia española.

La suspensión automática se daría en el caso de Puigdemont, Junqueras, Sànchez, Turull, Rull, Romeva y Comín, que mantienen su acta como diputados en el Parlament. Por otro lado, Bassa, Ponsatí, Puig y Forcadell no podrían acceder en un futuro a ningún cargo público ni presentarse a unas listas electorales mientras se encuentren en la cárcel y la aplicación de este artículo se mantendría hasta que haya una sentencia, que de ser condenatoria supondría penas de inhabilitación.

Procesamiento de Mas

Además, la Sala estudiará en dicha vista el recurso presentado por la acusación popular ejercida por Vox que insistía en que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras deben estar también procesados. El juez Llarena explicó en dicho auto que ha sido impugnado que en la investigación no se ha incorporado ningún elemento probatorio que vincule a estos dos políticos con el ejercicio de la violencia desplegada ni con que previeran su utilización en el momento en el que desplegaron su actuación.

Por otro lado, Turull, Rull y Sànchez pidieron poder estar presentes en dicha vista, lo que ha sido denegada por la Sala al entender que no es «preceptiva su presencia».

En el caso del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Exteriores y diputado de ERC en el Parlament, Raül Romeva, critican en sus recursos que las resoluciones dictadas por el juez Llarena tienen una «valoración política» porque en mucho de ellos afirma que la independencia no puede defenderse pacíficamente.

Alegan que imputar este delito es indefendible y que «es un sin sentido y causa sonrojo» que se contemple en esta causa. Asimismo, el recurso lamenta que el auto de procesamiento hace un relato del 20 de septiembre y del referéndum del 1 de octubre con una «interpretación totalmente sesgada».

Los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, y Jordi Sànchez también rechazan en sus recursos la rebelión porque, según dicen, no hubo violencia en ningún momento. La defensa de los tres diputados de Junts per Catalunya (JxCat) considera que Llarena es «consciente de la debilidad de la anterior calificación» y por ello ahora apunta inesperadamente a sedición o conspiración a la rebelión, tal y como dice el auto por el que Llarena los procesó.