La ministra de Trabajo de Sánchez: cuatro años en la empresa privada y 20 con cargos públicos

Magdalena Valerio, la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, apenas trabajó cuatro años en la empresa privada pero lleva casi veinte años ocupando cargos públicos, desde concejal a diputada nacional, pasando por consejera de la Junta de Castilla-La Mancha.

La trayectoria de Valerio ha estado vinculada fundamentalmente a la política, salvo una etapa también de funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM, como explica en su curriculum.

Sin embargo, la nueva ministra lleva desde 1999 ocupando cargos públicos, desde que ese año fuese elegida concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara (1999-2005 y 2011-2014). Ese mismo año, fue nombrada también delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara (1999-2003 y 2010-2011).

En 2005 fue nombrada consejera de Trabajo y Empleo de Castilla-La Mancha (2005-07), un cargo al que sucedió el de Consejera de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha (2007-08) y finalmente, de Justicia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha (2008-10). Entre 2007 y 2010 fue diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha, y entre 2011 hasta 2016, diputada en el Congreso. Además, era actualmente secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Su empleo en la empresa privada fue como preparadora de oposiciones, entre 1986 y 1990, un empleo que consiguió un año después de acabar su licenciatura de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Valerio forma parte del núcleo duro de Sánchez, desde que compitió por la secretaría general del PSOE.

Entre sus retos principales están el paro y la reforma de las pensiones. Además, Sánchez comprometió la derogación de la reforma laboral, un tema que Valerio será la encargada de gestionar.

Báñez ya avisó a Sánchez de que si revierte la reforma laboral, la senda de creación de empleo podría «truncarse» y que «lo inteligente» sería conservarla, máxime cuando otros países de izquierdas «han copiado» la reforma española.

Por otro lado, el Pacto de Toledo lleva meses negociando para intentar alcanzar un acuerdo, en medio de las protestas y movilizaciones de los pensionistas.

El colectivo reclama cambios en la actual fórmula de revalorización de las pensiones para ligarla al IPC, así como la desaparición del llamado ‘factor de sostenibilidad’, que debía entrar en vigor el próximo año pero que los Presupuestos han retrasado hasta 2023, informa Europa Press. 

Con el Fondo de Reserva en unos 8.000 millones de euros (cantidad inferior a lo que le cuesta al sistema pagar una nómina mensual) y un déficit de la Seguridad Social de 18.000 millones de euros, el nuevo Gobierno tendrá que conseguir traducir a acuerdos los consensos que alcance el Pacto de Toledo, si es que finalmente los hay.

Según publicó OKDIARIO, la ministra defenderá una subida salarial de hasta un 3,5% anual para todos los trabajadores durante tres años. Es decir, de un 10,5% hasta 2021.

Se trata de un documento elaborado hace unos meses en el que los socialistas plantean no sólo subidas salariales para los empleados del sector público, sino también para los del sector privado. Y en concreto de entre el 2,5% y el 3,5% en los próximos tres años.

Todas estas medidas se compensaría con más impuestos. El ahora presidente ya avisó, el pasado septiembre, que en caso de llegar a presidente del Gobierno acometería una subida generalizada para las grandes empresas, así como la creación de ‘tasas verdes’. Según los socialistas, así se recaudarían 13.000 millones de euros.