Gol por la escuadra del PSOE al PP con Grande-Marlaska: fue propuesto por los ‘populares’ al CGPJ

El nombramiento sorpresa del nuevo ministro de Interior de Pedro Sánchez tiene un impacto significativo para el Partido Popular: Fernando Grande-Marlaska es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP.  Como juez de la Audiencia Nacional, procesó a Arnaldo Otegi e instruyó el caso Faisán.

En 2013, cuando era presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska fue promocionado por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón para ocupar una de las doce vocalías del CGPJ. Su designación generó simpatías en el PSOE y sobre todo, en el exministro del Interior, Antonio Camacho, encargado de negociar con el Gobierno los puestos del órgano judicial.

Precisamente, Camacho era secretario de Estado de Seguridad con Rubalcaba cuando se produjo el chivatazo a ETA en el bar Faisán. Grande-Marlaska fue instructor de este caso.

Procesó a Otegi

En su trayectoria judicial ha tenido polémicas, como la excarcelación de presos de ETA tras la anulación de la doctrina Parot. Su voto fue determinante para resolver el empate en el Pleno de la Sala de lo Penal y decantarlo a favor de las excarcelaciones.

Nacido en Bilbao en julio de 1962, Grande-Marlaska ha tenido un papel destacado en la lucha contra ETA como juez de instrucción: procesó a Arnaldo Otegi y envió a prisión a la cúpula de Segi. Su combate judicial contra la banda terrorista le costóser objetivo de ETA que planeó atentar contra el juez mientras descansaba en Ezcaray (La Rioja), atentado que finalmente no se llevó a cabo porque el magistrado cambió de planes.

En enero de 2005 dictó auto de prisión contra el etarra José Ignacio de Juana Chaos por pertenencia a banda armada y amenazas terroristas, a raíz de dos cartas publicadas en el diario Gara, decisión que impidió su excarcelación.

Ese mismo año, procesó al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por integración en ETA en grado de dirigente, dentro del sumario en el que se investigó la financiación de la banda a través de las «herriko tabernas». En junio de 2006, ordenó asimismo la detención de los empresarios navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, acusados de pagar a ETA el llamado impuesto revolucionario.

Ya en noviembre de 2009, envió a prisión a 31 supuestos miembros de Segi, organización ilegalizada a quien el juez consideró una «auténtica academia terrorista». Además, ordenó la reapertura de la causa sobre el paradero del empresario Publio Cordón, presuntamente enterrado en el sur de Francia.

Marlaska ha instruido además la causa por el accidente del avión Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles y ordenó la intervención policial por supuesta estafa de Forum Filatélico.

Retos

El nuevo ministro tendrá por delante varios retos: pese a la disolución de ETA, quedan sin resolver más de 300 atentados. Grande-Marlaska tendrá que despejar también la política penitenciaria de su departamento.

Además, enfrenta la lucha contra la amenaza del terrorismo yihadista y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que prevé Sánchez o la subida de sueldo de los policías nacionales y los guardias civiles acordada por el anterior Gobierno.