No podría ser revocado

Iglesias no podrá ser destituido en todo su mandato si supera el plebiscito del chalé

Iglesias no podrá ser destituido en todo su mandato si supera el plebiscito del chalé
Pablo Iglesias, en el Congreso.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Pablo Iglesias tiene en el plebiscito sobre el chalé -que este martes se puso en marcha- un seguro de garantía frente a cualquier intento de revocación en su actual mandato como secretario general.

Según el artículo 15 de los estatutos de Podemos, «ninguna persona podrá ser sometida a una segunda consulta revocatoria durante el periodo en el que ejerza su responsabilidad». Esto es, previsiblemente, hasta 2021.

El referéndum convocado por Iglesias y Montero para que los inscritos decidan sobre la continuidad en sus cargos tiene un carácter revocatorio, aunque no se ajuste con exactitud a los criterios que los estatutos establecen como tal.

Así, el mecanismo más habitual que se contempla en ese reglamento es que la revocación no surja a iniciativa del propio cargo cuestionado, sino que se active por la decisión de «un 20% de las personas inscritas en Podemos», un 25% de los Círculos activos» o «una mayoría absoluta del Consejo Ciudadano», como establece el documento organizativo que se aprobó en Vistalegre 2.  La exigencia es, además, que el cargo a revocar lleve como mínimo 18 meses de mandato, algo que en el caso de Iglesias no se cumple (fue elegido en febrero de 2017).

«Relevancia excepcional»

Los estatutos sí contemplan, de manera genérica, la posibilidad de que la asamblea ciudadana-integrada por todos los inscritos de Podemos-se convoque de forma extraordinaria sin cumplir ese plazo en caso, bien de fallecimiento, renuncia o incapacitación del secretario general, o cuando «se dé cualquier otra circunstancia de relevancia orgánica o política excepcional apreciada por la Secretaría General o por tres cuartas partes del Consejo Ciudadano Estatal sobre sus miembros originales». En ese caso, se indica también, «las decisiones de la Asamblea Ciudadana podrán tener carácter de consulta revocatoria».

Numerosos líderes autonómicos consideran que es un «error» que se consulte a las bases una decisión personal.

Éste es el artículo del que se ha servido Iglesias para plantear el plebiscito muy cuestionado internamente, y que además se salta los propios estatutos de forma clara, al no respetar el plazo mínimo exigido para convocar a los afiliados: quince días. 

«Un error»

Las bases podrán responder hasta el domingo a la siguiente pregunta: «¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general y de la portavocía parlamentaria de Podemos?». Las respuestas posibles son dos: sí o no. En caso de superar el plebiscito, Iglesias se considerará en el cargo ante cualquier otra polémica y evitará que los críticos puedan intentar destituirle.

La votación ha provocado la reacción de varios dirigentes autonómicos, que han cuestionado la utilización de un instrumento de participación interna en una decisión meramente personal.

El líder de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, consideró que la votación es un «error» y se declaró «dolido».

«Cobro 12 pagas de 1.965 euros, he donado 40.000 euros desde que empezó la legislatura y vivo en un piso de alquiler en Pumarín», añadió.

Por su parte, Miguel Urbán, una de las voces más respetadas entre los anticapitalistas, reprochó «convertir las cuestiones del partido en una telenovela».

Su compañera Lorena Ruiz Huerta, portavoz en la Asamblea de Madrid, compartió la misma opinión e instó a Iglesias y Montero a retirar el referéndum. Según Ruiz Huerta, lo que hace falta en Podemos son debates «de contenido político» con «relevancia real para la deriva o el crecimiento de la organización».  «Las consecuencias buenas o malas de su decisión se convierten en un asunto político», censuró.

Iglesias ha defendido la iniciativa excusando que «lo que tiene que hacer un político decente cuando se cuestiona su credibilidad es someterse al criterio de las bases».

«Cualquiera puede hacer críticas internas y externas. Lo que espero es que los compañeros que nos han criticado si alguna vez ven su credibilidad puesta en cuestión tengan la misma actitud que nosotros y pongan sus responsabilidades en manos de los inscritos», añadió, este lunes.

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