En un manifiesto que firmó en 2006

Carmena pidió legalizar la prostitución y eliminar la explotación sexual del Código Penal

Carmena pidió legalizar la prostitución y eliminar la explotación sexual del Código Penal
Manuela Carmena.
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La ahora alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, suscribió en 2006 un manifiesto a favor de la regulación de la prostitución en el que, entre otros, se cuestionaba el delito de explotación sexual del Código Penal.

El manifiesto exponía que “es una realidad constatada en nuestro país que miles de adultos voluntariamente prestan servicios sexuales remunerados” y “es preciso que las autoridades no desprecien este hecho”.

“El contexto de alegalidad actual permite una situación que sólo puede calificarse de hipócrita, pues mientras se ponen trabas a la regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales, se permite que la oferta de esos mismos servicios genere cuantiosos ingresos por publicidad a los medios de comunicación que la anuncian, al tiempo que se fomenta una actividad económica sumergida con todas las consecuencias negativas que ello conlleva”, se añadía.

Los firmantes afirmaban además que la desregulación suponía una discriminación contra las personas que ofrecían prestaciones sexuales frente a otros trabajos relacionados con el sexo, como las líneas eróticas o los clubes de alterne.

En el comunicado se urgía a una “reflexión” sobre el reconocimiento al “valor supremo” de la “dignidad humana”, el cual, consideraban, “exige el respeto a la voluntad de la persona mayor de edad que libremente decide prestar servicios remunerados de carácter sexual”.

“Negar de plano la posibilidad de que esa opción sea válida constituye un tratamiento paternalista de la mujer (y del hombre) como personas incapaces de tomar decisiones adultas. Están de más los discursos morales basados en el carácter degradante de la prostitución”, se censuraba.

Proxenetismo

En el punto más destacado, se cuestionaba la reforma del Código Penal de 2003, que penaliza el lucro con la prostitución por parte de terceros. En concreto, se establece una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses “a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”.

Además, añade, se considerará que hay explotación “cuando concurra algunas de estas circunstancias: que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”.

Los firmantes consideraron “criticable” esa regulación “que sanciona la obtención de lucro por la explotación de otra persona aun con su consentimiento.

“La ambigüedad del término explotación permite, tanto una interpretación restrictiva reducida a situaciones de abuso, como su interpretación en clave represiva y contraria al proceso de legalización de la prostitución. Por ello, en aras de la seguridad jurídica, resulta aconsejable su supresión“, añadían.

Los promotores de este manifiesto consideraban que nada diferenciaría la situación de especial vulnerabilidad de una mujer, aún prestando servicios sexuales de forma voluntaria, de otros tipos de abuso laboral. De forma que, “si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo o la imposición de condiciones abusivas de trabajo, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores”.

Podemos no tiene una posición fijada sobre la prostitución, un asunto que ha generado multitud de debates en el seno de la formación.

La alcaldesa de Madrid sí sondeó en su momento la posibilidad de multar a los clientes de la prostitución callejera y criticó que no se castigase a los proxenetas, pero sí a las prostitutas.

Además, impulsó una polémica guía-Guía de recursos para periodistas: El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual- en la que se recomienda a los periodistas usar las palabras “putero” y no “consumidor” o utilizar “mujer en situación de prostitución” y no “prostituta”, “puta” o “meretriz”.

Actualmente, el grupo municipal del PSOE en Madrid promueve una ordenanza con sanciones de hasta 3.000 euros para los clientes de prostitución.  Anunciar servicios y chicas de compañía mediante folletos también sería sancionable. Los socialistas proponen también que no se contrate publicidad institucional en todos los medios que publiquen anuncios de prostitución.

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