El PSOE cómplice del separatismo: exige al Gobierno inversiones en Cataluña que rechazó el TC

El PSOE ha aprovechado sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para recuperar la famosa disposición adicional tercera del Estatut de Cataluña, que en su día fue rechazada incluso por el Tribunal Constitucional (TC).

Dicha disposición establece que «la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa al PIB de Cataluña con relación al PIB español durante un periodo de siete años». Sin embargo, la polémica disposición no se aplicó ni siquiera durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.

El Constitucional, en su sentencia sobre el Estatut, determinó además que el Estado no está obligado a invertir en esta región en función de su Producto Interior Bruto, con lo que dicha disposición «no puede tener, en modo alguno» efectos «directamente vinculantes para el Estado». El Alto Tribunal argumentó además que es al Estado al que corresponde «en exclusiva» decidir si «procede dotar, en su caso y en qué cuantía aquellas asignaciones».

Pese a ello, los socialistas insisten ahora en recuperar la disposición y exigir al Gobierno, en función de ello, el dinero que se dejó de invertir en Cataluña. La enmienda va aún más allá y propone que se amplíe su vigencia hasta 2019. La misma, según los plazos iniciales, habría expirado hace cinco años.

«Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en el año 2006 los sucesivos presupuestos del Estado han dado cumplimiento a esta previsión, de forma que la inversión del Estado en Cataluña ha sido equivalente al peso de la economía catalana en el conjunto de España. Esto ha sido así hasta el presupuesto del año 2012. Desde ese año la inversión prevista prevista en Cataluña se ha situado entre el 9 y el 13% del total de la inversión regionalizada del Estado. Muy por debajo de lo que le correspondería», se recoge en la enmienda presentada por el PSOE.

Por ello, añade, «dado que la vigencia de esta disposición finalizaba en el ejercicio 2013 y teniendo en cuenta el incumplimiento del Gobierno durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se solicita que el Gobierno prorrogue la aplicación de la disposición adicional tercera durante este ejercicio 2018 y el siguiente».

Negociación ‘de tú a tú’

Los socialistas determinan, además, que «el procedimiento y plazos para hacer efectivas las correspondientes transferencias de capital se acordarán en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat», órgano incorporado en el Estatut, y al que los independentistas remiten cualquier negociación con el Estado.

Ese órgano supone una negociación ‘bilateral’ con el Gobierno de la Generalitat, que es también secundada por el PSC. En su programa para las elecciones catalanas, el partido de Miquel Iceta defendía que la negociación de la financiación habría de producirse en la citada Comisión, como ya en su día Oriol Junqueras le reclamó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Lo mismo que defendió Carles Puigdemont ante el presidente Mariano Rajoy.

Según el Estatut, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat «está compuesta por la representación de la Administración General del Estado y la de la Generalitat de Cataluña, cada una de ellas integrada por seis miembros”.  Entre sus funciones está negociar con el Estado sobre la cesión de tributos de titularidad estatal, la distribución territorial de los fondos estructurales europeos o la actualización del sistema de financiación.

La Audiencia lo rechazó

El Gobierno de Artur Mas presentó un recurso contra el ministerio de Hacienda en el que le reclamaba el abono de 759 millones, en su opinión, en incumplimiento de la disposición adicional tercera, solo en 2008.

La Audiencia Nacional rechazó esa petición al considerar que la deuda reclamada por la Generalitat no existía, porque no se acordó en la comisión mixta competente.

La sentencia recordaba además el carácter no vinculante de la disposición para el Estado y advertía también de que la comisión bilateral, contemplada en el Estatuto, no puede ser «en ningún caso» un órgano «con capacidad para adoptar acuerdos vinculantes en cuanto a competencias propias del Estado».

El PSOE ya dejó ver sus tesis sobre la declaración adicional tercera en la llamada ‘Declaración de Barcelona’, en la que recogía sus propuestas con el PSC sobre la crisis catalana. Entre ellas, se acusaba al Gobierno de no respetar esa disposición y le exigía responder a la deuda desde 2006.

La propuesta socialista fue criticada entonces por Ciudadanos, que  acusó al PSOE de pretender dar «titulares» con «medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales» y que son «ideas poco reflexionadas e incluso frívolas».

El secretario general del partido, José Manuel Villegas, defendió una «financiación suficiente» para la región, pero «en los ámbitos normales de discusión», es decir, en el debate sobre el sistema de financiación autonómica y sobre los Presupuestos Generales del Estado.