El Gobierno esquiva una pregunta sobre el uso de fondos públicos para el referéndum ilegal

El Gobierno ha evitado dar detalles, en una pregunta con respuesta escrita presentada por el PSOE en el Senado, sobre el presunto desvío de dinero público por parte de los independentistas para pagar el referéndum ilegal. 

«¿Qué actuaciones ha llevado a término el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el fin de intervenir la Hacienda de la Generalitat de Cataluña por motivo de posibles gastos destinados a sufragar el referéndum previsto para el día 1 de Octubre?», rezaba en concreto la pregunta, registrada por el senador Francesc Antich.

En su respuesta, el Ejecutivo elude referirse al objeto de la iniciativa y, en su lugar, justifica que «no debe pronunciarse sobre asuntos que se encuentran inmersos en instrucciones de procedimientos judiciales por respeto a la separación de poderes establecida en la Constitución Española».

«No obstante, se informa que el Gobierno siempre despliega todos los medios necesarios para cooperar con los jueces y tribunales que conocen de los asuntos objeto de la pregunta», se añade.

Una contestación prácticamente idéntica a la que, recientemente, dio a otra pregunta-en este caso de Ciudadanos-en la que la formación de Albert Rivera se interesaba por los motivos por los altos cargos de la Generalitat continuaron en sus puestos pese a tener relación con los preparativos del 1-O.

En este caso, el Gobierno se ha tomado además su tiempo en responder: la pregunta se registró el 21 de septiembre pasado, y la contestación no tuvo lugar hasta el pasado 3 de mayo. Ello, pese a que el reglamento del Senado establece que «el Gobierno debe remitir la respuesta dentro de los treinta días siguientes a su comunicación». El Ejecutivo sí había respondido con anterioridad a otras preguntas registradas en la misma fecha.

El posible desvío de fondos públicos para el 1-O es motivo de incomodidad en el Gobierno, y en concreto, en el ministerio de Hacienda. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa del procés soberanista en Cataluña, ya cuenta con la documentación que el pasado 18 de abril reclamó al ministro Cristóbal Montoro, con los datos en los que el ministro habría basado sus polémicas afirmaciones, en una entrevista en el diario El Mundo, de que «ni un solo euro» de dinero público fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O.

Esas afirmaciones, según Llarena, vendrían a contradecir «las fuentes de prueba recogidas» en esta investigación judicial, obrantes en su mayor parte en diferentes informes elaborados por la Guardia Civil tras analizar diversas actuaciones y gastos del Govern de Carles Puigdemont.

En 2015, Hacienda determinó un sistema de control reforzado en Cataluña, ante la posibilidad de que dinero público fuese destinado a la organización y celebración de un referéndum ilegal, en lugar de a la prestación de servicios públicos.

En julio de 2017, el ministerio endureció esos controles al detectar un desvío de 6.150 euros para ese fin, obligando a que, semanalmente, los interventores y responsables económicos de cada departamento de la Generalitat y entidades públicas certificasen ante Hacienda no haber iniciado ningún expediente de inversión relacionado con el 1 de octubre.

En septiembre, el ministerio decretó la intervención de las cuentas de la Generalitat, después de que el entonces vicepresidente Oriol Junqueras, se negase a remitir la información semanal.

Los Presupuestos de la Generalitat, como informó OKDIARIO, revelan la intención de destinar dinero público a la celebración de «consultas» y «referéndums».

En este contexto, el gobierno de Puigdemont llegó a multiplicar por 20 en un solo año, de 2016 a 2017, la partida destinada a la ‘organización, gestión y seguimiento de procesos electorales’. La cuantía pasó de 254.099 euros a  5.800.000 euros.