Errejón da vivas a «la gente trabajadora» tras revelar OKDIARIO su trampa para cobrar la beca ‘black’

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha celebrado el 1 de Mayo gritando en Twitter «¡Viva la gente trabajadora de este país». Su comentario llega horas después de que OKDIARIO haya revelado que Errejón justificó durante un mes su ‘beca black’ con un trabajo que ya había realizado la Junta de Andalucía.

«Vidas dignas, derechos y garantías. Eso es básicamente lo que exige y merece el pueblo español. Basta de precariedad, brecha salarial y sueldos de miseria», ha escrito el dirigente de Podemos en su cuenta personal de Twitter.

Vidas dignas, derechos y garantías. Eso es básicamente lo que exige y merece el pueblo español. Basta de precariedad, brecha salarial y sueldos de miseria.

Viva la gente trabajadora de este país #1deMayo pic.twitter.com/DFn3dcvK7X

— Íñigo Errejón (@ierrejon) 1 de mayo de 2018

La Universidad de Málaga contrató a Errejón en marzo de 2014 para trabajar en el proyecto titulado: “La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda”. El proyecto estaba financiado por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, tras firmarse un contrato entre la Agencia de Obra Pública AOP y la Universidad de Málaga.

El trabajo tenía un presupuesto de 284.604,10 euros, que debían ser justificados ante la Consejería. El plazo de finalización del mismo era junio de 2015 y el diputado de Podemos recibiría 1.845 euros brutos mensuales. Por lo tanto, Errejón habría obtenido durante los meses en los que estuvo contratado bajo la beca cerca de 16.000 euros.

Las condiciones de la beca que Errejón incumplió: 1.800 € mesuales por trabajo presencial de 40 horas semanales

El contrato estipulaba que su trabajo debía ser presencial y de 40 horas semanales. El director de este estudio era Alberto Montero, amigo de Errejón y actual diputado de Podemos por Málaga. Para el puesto, Montero fijó un perfil que exigía ser doctor en Ciencias Políticas. Naturalmente, sólo se presentó Errejón y a él se adjudicó la “investigación”.

En noviembre de 2014 estalló el escándalo. Errejón apenas dedicaba tiempo al proyecto y se encontraba en Madrid como responsable de la Secretaría Política de Podemos. Fue entonces cuando Alberto Montero presentó ante la Universidad de Málaga un informe para justificar la supuesta labor que Errejón había realizado hasta entonces.

Un informe ya realizado

En uno de los puntos del informe, Montero afirmaba que se le había asignado un mes de trabajo para el “escaneado, digitalización y elaboración de tablas de Excel de series temporales sobre la vivienda en Andalucía, recurriendo a los censos de 1950, 1960, 1970 y 1980 que no se encuentran en versión digital y completándolos con los de 1991, 2001 y 2011″.

OKDIARIO ha tenido acceso a un documento de la Junta de Andalucía que desmonta la coartada de Montero sobre el trabajo de Errejón en ese periodo. El Ejecutivo andaluz ya había publicado en 2007 un informe de 136 páginas titulado “La vivienda en Andalucía. Estadísticas históricas del siglo XX”.

El informe, elaborado por el Instituto de Estadística de Andalucía para la Consejería de Economía y Hacienda, recogía todo tipo de documentos digitalizados, tablas estadísticas y cuadros excel sobre la vivienda en Andalucía, correspondiente a los censos de 1950, 1960, 1970 y 1980, 1991, 2001 y 2011. Es decir, Errejón cobró supuestamente 1.845 euros por un trabajo de investigación que ya estaba realizado.

Suspendido por la Universidad

La Universidad de Málaga decidió suspender cautelarmente de empleo y sueldo a Íñigo Errejón al hallar indicios de irregularidades en su relación contractual con la institución, y anunciaba la apertura de un expediente disciplinario al propio Errejón y al profesor amigo que le adjudicó la beca.

El instructor universitario del expediente argumentó que Errejón cometió dos “faltas disciplinarias” al “no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas” establecidas en su contrato y “no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia”.