Exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y actual presidente de ADIF

Bravo sostiene que Inassa se compró 19,3 millones de dólares más barata que su precio de valoración

Juan Bravo, exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y presidente de ADIF en la Asamblea de Madrid (Foto: Efe).
Juan Bravo, exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y presidente de ADIF en la Asamblea de Madrid (Foto: Efe).
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El exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y actual presidente de ADIF, Juan Bravo, sostiene que la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, se compró 19,3 millones de dólares más barata que el precio de valoración estimado. La sociedad se adquirió a través de una sociedad de Panamá por 73 millones de dólares en el año 2001.

En un escrito remitido al instructor del caso Lezo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Juan bravo afirma que “el precio acordado y pagado se ubicó por debajo de las valoraciones existentes, en un rango de entre 26.600.000 USD Dólares (valoración más alta de las disponibles -99.800.000 USD- en la fecha de firma del acuerdo distinta de las efectuadas por el vendedor) y 12.100.000 USD (valoración más baja -85.100.000 USD- de las disponibles en la fecha de firma del acuerdo distinta de las efectuadas por el vendedor)”.

“Esto es”, añade, “la compra se efectuó, en rango medio, 19.350.000 USD por debajo de las valoraciones, un 26,50% del precio de venta”.

La defensa de Bravo también se refiere al potencial perjuicio derivado de la determinación del precio y condiciones contractuales de la operación apuntando que “partiendo de que desde la media de las valoraciones existentes Canal Extensia compró los activos por un precio con un margen medio de cobertura (y de negociación) de 19.350.000 USD por debajo de las valoraciones, un 26,50%, todos y cada uno de los elementos que han sido considerados como potenciales factores a haber ocasionado reducciones de precio son mentiras de Ildefonso de Miguel y quimeras inexistentes”.

El exconsejero de Hacienda de Madrid también se refiere a los gastos económicos, contables, jurídicos, notariales y registrales que conllevó la operación de compra en Panamá a través de Sociedad de Aguas de América, y su pronta disolución sin liquidación como consecuencia de la fusión de Inassa.

“Además de traer origen de una imposición de los vendedores, los anteriores gastos implícitos en cualquier operación son, evidentemente, irrelevantes, sin poder superar el margen medio de cobertura de 19.350.000 USD por debajo de las valoraciones en el que fue fijado el precio” afirma.

Por último, el letrado de Bravo apunta que constan en las actuaciones informes de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Intervención General de Administración del Estado. “Desconociendo esta parte qué traslados se le hayan efectuado y a qué contenidos de las actuaciones posea acceso, se solicita que, sea cual sea la función que pudiera estar desarrollando la mencionada Unidad no conocida por las partes, se le confiera traslado de este escrito y acceso a los contenidos de la causa en él relacionados” concluye.

Canal de Isabel II
Sede central de Canal de Isabel II en Madrid. (EFE)

Pide tasar el precio de la sociedad

Precisamente, Juan Bravo solicitaba al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que pidiese al Canal de Isabel II una valoración sobre el precio actual de las participaciones de Inassa. 

Bravo relataba como el auto de imputación del pasado 26 de diciembre de 2017 “no concreta tipicidad asociada a los hechos de dieciséis años de antigüedad que delimita, pero si relaciona en varias ocasiones como elemento esencial de los mismos y fundamento para su investigación el potencial perjuicio derivado de la determinación del precio y condiciones contractuales (especialmente las económicas) de la operación”.

Según el letrado de Juan Bravo, “con el fin de avanzar sobre el resultado final y poder delimitar la valoración del resultado de la aplicación de los fondos de acuerdo con la realidad fáctica devenida, se solicita como diligencia de instrucción a practicar el requerimiento al Canal de Isabel II para que remita las valoraciones y el resultado de las mismas que el Canal de Isabel II o Canal Extensia S.A. estuvieran desarrollando en la actualidad para determinar el potencial precio de venta de las participaciones de Inassa”.

Dicha diligencia pretende demostrar que aunque el juez fundamentó la imputación de Bravo por el “potencial perjuicio” económico derivado de la operación de compra por 73 millones dólares, Inassa a día de hoy tiene un valor superior al de adquisición.

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