Medio Ambiente admite al juez del ‘caso Acuamed’ que no ha fiscalizado las obras bajo sospecha

El Ministerio de Medio Ambiente, de quién depende Acuamed, ha admitido al magistrado Manuel García Castellón, que juzga a la ex cúpula de esta empresa por pagar sobreprecios a cambio de sobornos, que no ha auditado las obras bajo sospecha de corrupción.

Tres años después de iniciada la instrucción del ‘caso Acuamed’, no existe este peritaje de las adjudicaciones pese a que la acusación se basa en que se han pagado sobreprecios por las adjudicaciones a cambio de sobornos.

Según un escrito de Medio Ambiente al magistrado García Castellón del pasado 26 de enero, el ministerio admite que «no ha realizado estudios de comprobación de la realidad física» de las cinco obras concretas por las que se interesa el magistrado.

El juez requirió a Medio Ambiente el 25 de enero los informes de los expertos del ministerio sobre esas obras después de que el fiscal del caso pidiera formalmente en diciembre que dos peritos realizaran el estudio de cinco obras concretas bajo sospecha de haberse pagado sobreprecios con la connivencia de la cúpula de Acuamed -a cambio de sobornos-.

El informe es clave para conocer exactamente el precio de las obras y poder determinar si Acuamed pagó un sobreprecio, como sostiene la Guardia Civil -origen de este caso en febrero de 2015-. Si no hay sobreprecio y no hay sobornos, no hay caso.

Pero, tres años después, ese peritaje no está en el sumario del caso porque nadie lo ha hecho, tampoco el Ministerio de Medio Ambiente, pese a que la cúpula de Acuamed y varios ingenieros de diferentes constructoras han pasado unos meses en prisión preventiva.

Habrá informe

Finalmente, tras la respuesta de Medio Ambiente y tras el recurso del ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y los ingenieros de FCC, adjudicataria de una de las obras bajo sospecha, el embalse de Flix, el magistrado García Castellón decidió admitir la petición del fiscal y se auditarán estas obras.

Como ha publicado este diario, el magistrado dictó el 12 de abril un auto por el que da la opción a los acusados de nombrar un perito que se una a los dos del Ministerio de Medio Ambiente, petición del fiscal.

Según el magistrado, el informe podrá estar hecho antes de que finalice el plazo de instrucción, el 6 de diciembre de este año, y si no es así, procederá a otra ampliación, que sería la tercera.