El Gobierno no sabe cuántas personas se están radicalizando para cometer atentados yihadistas

El Gobierno admite desconocer el número de españoles que actualmente están siendo radicalizados para la comisión de atentados yihadistas.

Así consta en la respuesta del Ejecutivo a una pregunta escrita planteada por el Grupo Mixto en el Senado a través del senador de EH Bildu, Jon Iñarritu.

En ella, el senador se remitía a una entrevista al coordinador de la lucha antiterrorista de la Unión Europea, Gilles de Kerchove, publicada en el diario El Mundo, en la que afirmaba que en la UE «hay al menos 50.000 radicales islámicos», 5.000 en España.

En la pregunta se preguntaba en concreto al Gobierno sobre las cifras de radicalización islamista, además de por los españoles que participan en actividades yihadistas en países como Siria o Irak, retornados, detenidos y condenados.

En su respuesta, el Gobierno defiende que «en la actualidad son muchas las cifras que desde medios de comunicación e instituciones nacionales e internacionales se hacen públicas en relación con el fenómeno yihadista, muchas de las cuales son meras aproximaciones estadísticas, estudios teóricos o especulaciones» y admite que «no maneja ninguna cifra concreta oficial en relación con individuos que pudieran estar inmersos en procesos de radicalización» porque «sólo se contemplan cifras reales de detenidos o de investigados». La inexistencia de registros o estimaciones de este tipo resulta llamativa en tanto sería un instrumento fundamental en la prevención de atentados terroristas. 

El Ejecutivo justifica además que «en lo referente a la radicalización, a nivel internacional no existe consenso sobre la definición de este concepto, ni tampoco se contempla este término en la legislación penal española» por lo que «no se dispone, así, de datos numéricos de ciudadanos españoles que pudieran verse inmersos en procesos de radicalización que conducen al yihadismo».

14 retornados en libertad

El ministerio del Interior sí maneja un listado sobre los individuos que se desplazan a zonas de conflicto para unirse a grupos yihadistas, lo que se conoce como fenómeno de los Combatientes Terroristas Extranjeros o Foreign Terrorist Fighters (FTF). Muchos de estos regresan posteriormente al país del que parten, o se instalan en otros similares, para la comisión de atentados.

También en este caso las cifras proceden de las operaciones que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para «la persecución de aquellas conductas que se recogen en el Código Penal español bajo el epígrafe de terrorismo, además de otras detenciones llevadas a cabo a requerimiento de las autoridades judiciales de otros países en aplicación de los Tratados Internacionales», explica el Gobierno. Asimismo, el Sistema de Coordinación de Operaciones Antiterroristas contiene información relativa a las investigaciones policiales desarrolladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Fracaso del plan de desradicalización

Según las cifras a septiembre de 2017, en respuesta también a la pregunta del senador, el Gobierno tiene constancia de que 222 personas-199 hombres y 23 mujeres-participan en actividades yihadistas en Siria e Irak. La cifra incluye tanto a españoles como a individuos de otras nacionalidades residentes en España y que se han desplazado a estos países para recibir adoctrinamiento e incluso formar parte de estos grupos terroristas. Según los registros, 34 individuos regresaron a España y otros países, mientras que sobre otros 47 se tienen «indicios o pruebas de fallecimiento». De los retornados, 14 están en prisión-8 en nuestro país- y 21 en libertad.  14 residen en España.

En otra respuesta, más reciente-abril de este año-el Gobierno cifra en 146 los reclusos vinculados a delitos de terrorismo yihadista, un número que se ha triplicado en los últimos seis años (50 en 2012).

De estos, responde el Ejecutivo, 56 han sido condenados y 90 se encuentran en privación de libertad con fines preventivos, distribuidos por hasta 28 cárceles españolas.

Según los datos aportados, el número de presos vinculados a delitos yihadistas ha registrado una notable evolución en los últimos años, tras mantenerse prácticamente constante hasta 2015. Ese año, los encarcelados eran 51 y un año después, la cifra subió a 93. A comienzos de 2018, dice el Gobierno, el número estaba en 150. Pero a 6 de febrero, bajó a 146.

Las cifras reflejan además el fracaso del programa de desradicalización puesto en marcha por Instituciones Penitenciarias en 2014,  y en el que únicamente han participado diez reclusos. Al Gobierno tampoco le consta el porcentaje de reincidencia.