El juez alemán que liberó a Puigdemont es experto en «mediación» y no en derecho penal internacional

El presidente del tribunal alemán que excarceló a Carles Puigdemont, el juez Martin Probst, está especializado en el área de «mediación», la alternativa a la justicia ordinaria. En su historial no figura, en cambio, que sea experto en derecho penal internacional. Y es que su decisión, junto a la de los magistrados Matthias Hohmann y Matthias Schiemann, de liberar al expresidente catalán, tras no hallar no suficiente violencia de rebelión en las acciones del golpe separatista que se le atribuyen, ha generado una sonada polémica en la opinión pública  y un profundo debate entre los juristas europeos. Además de generar cierta tensión entre Madrid y Berlín.

Probst, al frente de dicho tribunal de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, se ha encargado de desarrollar en su país el procedimiento de la mediación, una fórmula alternativa a la justicia ordinaria con el objetivo de lograr un acuerdo entre las partes. Este magistrado es partidario, como ha afirmado en la prensa alemana de resolver estos casos -muy frecuentes en problemas familiares- de manera «amistosa y confidencial» con «bebidas y bizcochos encima de la mesa».

Este perfil del magistrado Probst está muy alejado, por tanto, de la experiencia del abogado de Puigdemont, Wolfgang Schomburg, destacado penalista, exjuez del Tribunal Supremo y con una dilatada carrera en tribunales internacionales. A raíz de la entrada en prisión de Puigdemont en Neumünster (norte de Alemania) el 25 de marzo, el veterano letrado, de 69 años, se hizo cargo de su defensa junto con su hijo, Sören Schomburg, ante la petición de extradición cursada por el juez español Pablo Llarena, que acusó al político independentista de rebelión y malversación de fondos públicos.

Doce días después de haber ingresado en la cárcel y tras el pago de una fianza de 75.000 euros, la defensa del expresidente catalán consiguió su libertad condicional. El tribunal presidido por Probst rechazó así aceptar su extradición a España por el delito de rebelión (llamado de «alta traición» en la legislación penal alemana).

En cuanto al presunto delito de malversación, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein reclamó más pruebas para dictar una resolución definitiva. La eventual entrega de Puigdemont por esta cuestión, atendiendo así a la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), todavía está en el aire. De momento, la Justicia española quiere aprovechar esta oportunidad para ampliar las pruebas por el delito más grave, el de rebelión, según informó Ep.

Riesgo de fuga

Por su parte, la Fiscalía General del land alemán de Schleswig-Holstein sí solicitó que el Puigdemont fuese extraditado a España por los delitos de rebelión y malversación y pidió que siguiera en prisión por «riesgo de fuga».

En lo referido a la rebelión, el tribunal alemán señaló en su resolución que los actos violentos producidos durante la jornada del pasado 1 de octubre pueden atribuirse a Puigdemont «en su calidad de iniciador y promotor» del referéndum. Sin embargo, añadió que «no pueden considerarse más notables en cuanto a su carácter, alcance y efectos» que los disturbios generados en Frankfurt en los años 80. Para el juez Probst y sus compañeros, tales acciones no alcanzaron la entidad debida para presionar al Gobierno central de tal modo que éste se viera forzado a «capitular» ante las exigencias de los violentos.

Sobre la malversación, el tribunal alemán dictaminó que lo expuesto por Llarena «no satisface» las exigencias legales por no contener una «descripción suficiente» de las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Por ello, los tres jueces dieron a las autoridades españolas la oportunidad de enviar documentación complementaria.

Por otro lado, miembros de las Fiscalías de España y Alemania tienen previsto reunirse de manera discreta en la ciudad holandesa de La Haya para intercambiar información sobre la posible entrega de Puigdemont.