La Policía busca voluntarios entre agentes de información para analizar los papeles de los Mossos

El análisis de las 36 cajas llenas de documentación que la policía nacional intervino a los Mossos el 26 de octubre cuando intentaban incinerarla está superando todas las expectativas. Una gran parte de los papeles se comenzaron a estudiar en la Brigada de Información de Cataluña y otra cantidad importante se remitió a los servicios centrales de información en el complejo policial de Canillas en Madrid. Aquí es donde los agentes especializados encargados de la selección y posterior análisis de los papeles han pedido de manera informal voluntarios entre otras unidades de especialistas en información para que ayuden en la selección de la información, mucha de ella escrita en catalán.

Cabe destacar que los voluntarios no son ajenos al trabajo de información, todo lo contrario. Se trata de otros policías expertos en información, tanto de la Unidad de Información Interior como de la Unidad de Información Exterior que investiga entre otros asuntos el terrorismo yihadista, o la actividad en redes de grupos desestabilizadores que actúan desde el extranjero.

El volumen de información que se desprende es tal que ha desbordado todas las previsiones. Los papeles refuerzan las sospechas que ya existían de la supuesta colaboración de los mandos de los Mossos con el independentismo y, como ya adelantó OKDIARIO, apuntan a la existencia de una trama de espionaje en el seno del cuerpo policial autonómico.

El resultado del análisis policial sigue dos vías por orden judicial, por un lado alimenta el procedimiento abierto contra el independentismo en los tribunales catalanes, y por otro refuerza la acción de la Audiencia Nacional en el mismo asunto. De hecho la juez Carmen Lamela hace referencia a la documentación que intentaron destruir los Mossos en su auto de procesamiento de la cúpula policial por sedición ya que dichos papeles apuntarían que los máximos responsables del cuerpo policial sabían las movilizaciones previstas para el día 1 de octubre, del riesgo que podrían acarrear y de las medidas necesarias que tuvieron que adoptar y finalmente no se tuvieron en cuenta. Una referencia directa al asedio que sufrieron los guardias civiles que el pasado 20 de septiembre participaron en el registro de la Consejería de Economía.