Los golpistas asumen ya que se les aplicará la máxima condena

Los golpistas asumen ya que se les aplicará la máxima condena
Jordi Turull, diputado de JxCAT. (Foto- PDeCAT)
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Los dirigentes independentistas asumen ya que los delitos que se les imputan, entre ellos rebelión, tendrán serias consecuencias penales.

Las defensas de los arrestados señalan que el auto del juez Pablo Llarena, por el que el viernes decretó el ingreso en prisión de los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raul Romeva y Dolors Bassa, además de la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, señala ya el camino del futuro proceso judicial. En  una entrevista reciente, el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ya admitió que la argumentación de Llarena sentaba las bases para que a los políticos independentistas se les apliquen altas penas de cárcel. «La salida de los encarcelados va para largo», afirmó.

El auto del juez del Supremo es, en efecto, demoledor. En él, Llarena destaca que existe una «clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años».

«Las sospechas que se plasmaban como base para la iniciación del proceso, así como para la adopción de las medidas cautelares en ese momento, son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados», señala el juez.

En el auto, Llarena concluía que «no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos” afirma.

En su escrito, incide especialmente en el potencial riesgo de fuga y reiteración delictiva. «El acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie, tal como ya ha acontecido hoy con otra de las procesadas. Más aún cuando la pérdida de la garantía personal prestada no supondría un gravamen para su propio patrimonio, por devenir de una solidaridad colectiva».

No todos los procesados, 25, se enfrentan a los mismos cargos. La máxima condena, la de rebelión con malversación-a la que se enfrentan Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Bassa, Ponsatí, Comín y Rull), lleva aparejadas penas de 30 años de prisión. Es la opción por la que se inclina Llarena, tras descartar el delito de sedición, que no pasa de los quince años de cárcel.

En el caso de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de Forcadell y la número dos de ERC, Marta Rovira, se les atribuye delito de rebelión, aunque sin malversación, con lo que la pena sería ligeramente inferior, de 25 años. Otros ex consellers-Mundó, Serret, Vila, Borràs y Puig-están acusados por desobediencia y malversación. La desobediencia se castiga con dos años de inhabilitación y la malversación podría suponer hasta doce.

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