Caso Nóos

El abogado de Urdangarin intentará evitar en el Supremo el ingreso en prisión del exduque de Palma

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El abogado de Iñaki Urdangarin en el Tribunal Supremo.

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ya se encuentra en el Tribunal Supremo donde intentará convencer a la Sala de lo Penal para rebajar la condena de 6 años y 3 meses de prisión impuesta al exduque de Palma por la Audiencia Provincial de Baleares en el marco del caso Nóos.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo celebra este miércoles 21 de marzo una vista pública para escuchar los argumentos presentados por la Fiscalía y por las defensas de varios de los condenados. Entre los recurrentes figuran la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres o el expresidente de Baleares Jaume Matas.

Los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Mora, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, y Juan Ramón Berdugo integran el tribunal de la Sala Penal del Supremo encargado de celebrar la vista un año después de que, el 17 de febrero de 2017, se conociera la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma.

Se impusieron condenas a 7 de los 17 acusados, si bien se rebajaron notablemente las penas que inicialmente pedía el Ministerio Público, en algunos casos por absolución de los delitos y en otros en aplicación de circunstancias atenuantes por reparación del daño causado. Fue el caso del exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión frente a los 19 que pedía la Fiscalía, o de su exsocio, Diego Torres, condenado a ocho años aunque el Ministerio Público pedía 16 y medio.

Los dos fueron absueltos del delito de estafa y en este trámite de casación ante el alto tribunal el Ministerio Público interesa un incremento de sus condenas, que llega hasta los 10 años de cárcel en el caso del exduque; 12 años y cuatro meses para Torres y también más pena para Matas.

Por su parte, la infanta Cristina resultó absuelta de los dos delitos fiscales de los que la acusaba la acusación popular y declarada responsable civil a título lucrativo, como pedía la Fiscalía, por lo que tuvo que responder, solidariamente con su marido a la responsabilidad civil de éste con hasta 265.088,42 euros.

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