Los partidos quieren blindar en la Constitución una financiación pública «suficiente»

El informe aprobado este miércoles por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en la subcomisión que estudia medidas para mejorar la financiación de los partidos políticos pretende blindar como derecho constitucional su propia financiación.

En concreto, una de las 75 medidas que contiene el texto, establece que «la financiación de las formaciones políticas debe tener en cuenta la fundamental labor de canalizadoras de la participación política de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones» y por ello, consideran, «es preciso que el sistema de financiación que se establezca tenga en consideración la necesidad de garantizar un nivel de recursos suficiente para que los partidos políticos puedan cumplir plenamente con sus funciones constitucionales». «Sería conveniente evaluar la posibilidad de que este principio de suficiencia en la financiación de los partidos políticos se recoja en el propio artículo 6 de la Constitución para garantizar que los partidos dispongan de las condiciones para cumplir con su papel constitucional», añade el informe.

El mencionado artículo 6 únicamente indica que «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política», que «su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley» y que «su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».

Los partidos no concretan que consideran «suficiente», una acepción que deja abiertas las interpretaciones del Gobierno que se trate.

El 80% de ingresos es público

En la actualidad, el 80 por ciento de los ingresos que reciben los cuatro partidos mayoritarios son de origen público. El ministerio del Interior, por ejemplo, repartirá este año 52,7 millones de euros entre las formaciones con representación parlamentaria: el PP recibirá 17,4 millones de euros para la organización nacional y otros 1,4 millones de euros para PP-Partido Aragonés (682.195 euros), Foro de Ciudadanos(466.988 euros) y UPN (261.846 euros); el PSOE,  10,8 millones (más 1,19 millones del PSC y otros 483.000 de Nueva Canarias; Unidos Podemos, 7,1 millones de euros (más 1,88 de En Comú Podem y 775.513 euros para En Marea) y  Ciudadanos, 6,3 millones.

La cifra se mantiene constante desde hace años, tras alcanzar su esplendor en 2011, cuando llegó a los 82 millones de euros. Además, los partidos reciben dinero público para sufragar gastos de seguridad, cubrir sus gastos electorales o por su funcionamiento en las Cortes Generales y en el resto de órganos de representación territorial. Por poner un ejemplo, en las pasadas elecciones en Cataluña, los partidos recibieron 16.191,6 euros por escaño.

Además, en el caso del Congreso, éste señala que «pondrá a disposición de los Grupos Parlamentarios, locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su Presupuesto, una subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de Diputados de cada uno de ellos». Las actuales cuantías son de 28.597,08 euros mensuales por grupo parlamentario además de una subvención variable de 1.645,49 al mes por cada diputado. 

El informe tendrá que ser ratificado el próximo miércoles en una reunión de la Comisión de Calidad Democrática. El PP ha avanzado que lo rechazará al incluir propuestas solo pactadas entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, como que las primarias de los partidos se sufraguen a cargo de los Presupuestos.

Una vez que el informe sea avalado por la comisión, será elevado al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva. Las recomendaciones podrán transformarse después en iniciativas legislativas que los promotores del mismo no descartan impulsar conjuntamente.

El informe de la subcomisión sugiere actualizar el régimen jurídico de los partidos políticos con la inclusión de primarias para la elección de candidatos a la Moncloa y los gobiernos autonómicos y locales con una determinada población. Piden también que no haya una exigencia «excesiva de avales» para concurrir, que la financiación de las campañas sea transparente y que se busque un «procedimiento singularizado» para que las primarias reciban algún tipo de financiación pública.

También apuestan por reformar el Tribunal de Cuentas para reforzar su independencia -que sus miembros tengan las mismas incompatibilidades que los jueces-su capacidad de control e investigación sobre las cuentas de los partidos y también de imponer medidas coercitivas y sanciones. En concreto, piden que puedan retener las subvenciones públicas a los partidos que no le remitan su contabilidad.

En el plano penal, demandan revisar el delito de financiación ilegal de los partidos para rebajar «significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión», así como tipificar la manipulación de las cuentas anuales.