El Gobierno vigila el desvío de dinero público para pagar a Puigdemont en Bruselas

El Ejecutivo mantiene la alerta sobre la posibilidad de que, en sus próximos pasos, el nuevo Gobierno de la Generalitat incurra en nuevos delitos. Especialmente, en lo que se refiere al ‘trasvase’ de dinero público para pagar a Carles Puigdemont, en Bruselas.

La ‘hoja de ruta’, al menos hoy por hoy, es que, en los próximos días, Puigdemont acabe renunciando a sus aspiraciones a ser president y dé el relevo a Jordi Sánchez, primero, y, finalmente, a Jordi Turull.

Pero los debates en el bloque independentista se centran, sobre todo, en la relevancia de su papel en el futuro más inmediato. Aunque se trabaja para que Puigdemont tenga un puesto en alguna fundación privada, existen también suspicacias en ERC por su obsesión por mantener su nivel de vida en Bruselas, y porque pueda presionar por recibir dinero público desde Cataluña. Este escenario dependería, en cualquier caso, de la oficialidad que se le quiera dar a sus atribuciones y sus privilegios. 

De hecho,  la intención de Puigdemont- como informó OKDIARIO- es tutelar la estrategia política del nuevo Govern, y retener la posibilidad de convocar elecciones o incluso, designar a los miembros del Ejecutivo. Todo esto, le advierten los republicanos, podría incurrir en delito de usurpación de funciones. Pero además, si ese empeño se extiende a lo material, hay dudas sobre si Puigdemont acabará reclamando ciertas contrapartidas, propias de un president o un alto dirigente del Gobierno catalán, como escoltas, despacho o personal de oficina. Todo ello, valoran en La Moncloa, podría estar pagado con dinero público. 

El Gobierno asume que no se puede permitir otro bochorno como el del 1 de octubre, financiado con fondos del FLA-entre 2012 y 2017, Cataluña recibió del Fondo de Liquidez Autonómica 53.606 millones de euros-según el juez de instrucción número 13 de Barcelona.

En el auto, el magistrado indicaba que resultaba evidente que el referéndum ilegal tuvo que financiarse «en parte o en su totalidad» con el dinero recibido desde el ministerio de Hacienda.»Ante la imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso, cualquier gasto debe imputarse, por lo menos y en la proporción que corresponda, al importe del FLA», subrayó el juez. El abogado del Estado admite ya que la Generalitat pudo desviar fondos de Cristóbal Montoro al 1-O.

Con estos precedentes, el Gobierno quiere aumentar su tutela. Aunque se reconocen muchas dificultades.

Hacienda sí dispone de una ‘prerrogativa’ especial sobre el 155, y es que mientras la aplicación del artículo de la Constitución decae automáticamente el mismo día de toma de posesión del president y el nuevo Gobierno-según el texto del Senado-la retirada de la intervención de las cuentas catalanas depende de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos-presidida por el Mariano Rajoy-y previa solicitud del ministro.  Es por eso que no se descarta en absoluto que el control se extienda más allá de la formación de Govern, y hasta que se constate que éste funciona de acuerdo a la legalidad.

En una orden, emitida a finales de diciembre, el Gobierno ya abrió el camino para asegurarse de que la Generalitat no desviaba dinero para «actividades no amparadas por la ley».

En el texto, la Comisión Delegada «considera necesario acordar un conjunto de medidas y procedimientos que permitan atender los servicios públicos fundamentales, de manera que aún tratándose de actuaciones que forman parte de la autonomía organizativa más estricta de dicha comunidad autónoma, al amparo del artículo 155 de la Constitución, resulta posible y necesario establecerlos de forma específica con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de dichos servicios fundamentales».