La Fiscalía solicita 50.000 euros de fianza a Trapero para evitar la prisión

El ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional. (Foto: Francisco Toledo)
El ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional. (Foto: Francisco Toledo)
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La Fiscalía solicita para el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, una fianza de 50.000 euros para evitar la prisión. El Ministerio Público optaría por dejarle en libertad hasta que abone la cuantía.

Trapero ha sido citado este viernes por la juez Carmen Lamela para ser interrogado por un segundo delito de sedición en relación con los hechos acaecidos durante el referéndum ilegal del 1-O. Llegaba a la Audiencia Nacional sobre las 8:30 de la mañana acompañado de su abogada Olga Tubau y sin recibir el apoyo de los diputados independentistas catalanes que le arroparon en su dos declaraciones previas. A las 9 en punto, comenzaba su comparecencia que se extendía durante más de dos horas.

También declara hoy en calidad de testigo, Ferrán López, el comisario de los Mossos que sustituyó a Trapero al frente del operativo tras la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno.

En su nuevo auto de imputación emitido este lunes, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia explicaba que a lo largo de la investigación  desarrollada se han averiguado otros hechos que indican que la actuación de los Mossos prevista en un principio para impedir la celebración del referéndum, lejos de ello “fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”.

Con esta finalidad, según relataba Lamela, “se diseñó un plan premeditado para evitar actuar, que procedía de la cúpula policial de Mossos d’Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluís Trapero y en conexión directa con los miembros del Comité Estratégico”. 

La magistrada sostenía en el mismo auto que la finalidad inmediata de Trapero estaba orientada “a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional”.

Los hechos atribuidos a Trapero podrían constituir, según Lamela, dos delitos de sedición por los hechos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre  y de 1 de octubre de 2017, sin perjuicio de ulteriores calificaciones: “Y en particular de la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal”.

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