Pánico en los golpistas: acusan a la Guardia Civil ante el juez de violar sus derechos fundamentales

Los golpistas han empezado a entrar en pánico ante la evidencia de que la investigación de la Guardia Civil está poniendo al descubierto el material necesario para dejar en prisión a más de una veintena de políticos. Los abogados de algunos de los acusados, como Josuè Sallent, han acusado ante el Juez a la Guardia Civil de supuestas violaciones de sus derechos en la investigación del caso del 1-O.

Uno de los escritos de la defensa, al que ha tenido acceso OKDIARIO, revela el miedo a la actuación de un cuerpo policial que, como ha dejado claro el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, tan sólo está realizando las labores de investigación normales y encargadas judicialmente. Algo que, por lo visto, pone ya muy nervioso a una serie de altos cargos que nunca pensaron que la labor de los tribunales llegara hasta donde ha llegado. Y donde le queda por llegar.

“A lo largo de las actuaciones es de comprobar que aquello que han declarado los testigos en sede policial, sin que ninguno de los letrados de los imputados hayan podido estar presentes en dichas declaraciones, ha sido utilizado para abrir nuevas líneas de investigación […] para seguir citando otros testigos en cadena incluso para establecer la condición de investigado a otras personas”, afirman los abogados de Sallent –una de las personas de confianza de Oriol Junqueras y encargado del desarrollo del aparato separatista para orquestar el referéndum ilegal y romper con España.
“Dejar esta mano ancha a la Guardia Civil para que vaya más allá de los mandatos del juzgado, […] además de ser totalmente contraria a derecho, roza el absurdo”, añaden en su larga lista de descalificaciones a la labor de la Benemérita.

“Ante este cúmulo de despropósitos que dañan la imagen del procedimiento penal y afectan de manera ingente al derecho a la defensa, [en el que] no se nos permite participar  en declaraciones que posteriormente sirven para tomar otras líneas de investigación”, insisten los abogados, “solicitamos del Juzgado que ordene a la Guardia Civil que cese en sus citaciones a testigos sin mandato previo del Juzgado y que la policía judicial se limite a entregar los oficios o atestados al Juzgado”.

Porque, según su versión, “la instrucción” se ha dejado “en manos de la Guardia Civil, […] lo que supone una contradicción con las más básicas normas del procedimiento” y representa “una continua fuente de violaciones al derecho defensa de los investigados”, concluyen.

Quien lanza estas acusaciones es la defensa de Josué Sallent, el que director de Estrategia e Innovación del CTTI, colocado en ese cargo como vigilante de ERC en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, uno de los lugares en los que se grabaron pinchazos telefónicos, se vigilaron mails y se coordinó la actuación del Govern para boicotear la labor de la Policía Nacional y Guardia Civil. Sallent era el encargado directo de vigilar que la creación de las “estructuras de Estado” -como les llamaban- fuese un hecho.

El juez ha contestado con un resumido “debe recordarse que los derechos de defensa y contradicción se limitan a las actuaciones judiciales” y con el respaldo pleno a la labor de la Guardia Civil que, no precisa de autorización expresa, como marca la ley y es totalmente normal, para “las diligencias de investigación que puedan reproducirse en sala judicial”.