López Madrid niega el reparto de mordidas con Granados y Marjaliza por la obras del Metro

El empresario Javier López Madrid ha negado este martes haberse repartido una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados de la trama Púnica, Francisco Granados y David Marjaliza, resultado del amaño en la adjudicación de unas obras de Metro Madrid, según han informado fuentes de la investigación.

López Madrid, que ha declarado en calidad de investigado durante una hora y media ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ha precisado que las facturas que entregó el constructor el día de su última declaración judicial corresponden a actividades reales de asesoramiento inmobiliario en la localidad alemana de Dusseldorf, además de Parla y Valdemoro, esta último epicentro de la trama Púnica.

El magistrado le había citado a declarar para este martes junto con el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a otras tres personas más después de que Marjaliza apuntara a un amaño en la adjudicación de contratos públicos en 2004, año en que Francisco Granados estaba al frente de la Consejería de Transportes. Se refirió en concreto a las obras en Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro S.

Al respecto, el empresario ha entregado abundante documentación al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 con la que pretende desmontar la versión del cerebro de la trama, según las fuentes consultadas. La misma vendría a poner de relieve las facturas que obran en la causa corresponden a operaciones inmobiliarias reales.

Mediador de OHL

A preguntas de las fiscales del caso, el investigado ha precisado que su labor consistió únicamente en poner en contacto OHL con Marjaliza ya que el grupo de la constructora tenía exceso de empresas con diferente calificación y vendían activos para que la sociedad de Marjaliza pudiera presentarse a concursos.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego de Egea, explicó en su auto de citación que, de las pesquisas desarrolladas se dedujo que Granados, «abusando de su posición» en el gobierno madrileño garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a cambio del pago de «importantes comisiones».

En dicho concierto participaría Javier López Madrid que aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

Tras la declaración de López Madrid, el magistrado ha interrogado a Antonio Martín Jiménez, directivo de Obrum, quien ha dicho que su labor dentro de la sociedad de Marjaliza era la relativa a la ejecución de obras y que nunca tuvo responsabilidad alguna en las decisiones sobre los pliegos, siempre las citadas fuentes.

Antes del receso, han declarado cerca de una hora Juan Miguel Villar Mir, que ha negado el pago de comisiones al gobierno madrileño de Esperanza Aguirre y donaciones en ‘b’ al Partido Popular de Madrid asegurando que mientras fue presidente de OHL hubo «tolerancia cero» con la corrupción.

Además ha precisado que él nunca entregó comisiones irregulares a su yerno ni a terceros para que estos a su vez se la dieran al gobierno regional y también se ha desvinculado del presunto pago de calificaciones de la sociedad Elsan, del Grupo Villar Mir, a Gravitum, propiedad esta última de Marjaliza.

Papel de Mintra

Para este martes estaba citado además Jesús Trabada, exconsejero delegado de la empresa pública Mintra, pero este ha pedido la suspensión de su citación. Según el juez instructor, Trabada constituyó la empresa Bustren que se capitalizó presuntamente con dinero de procedencia ilícita aportado por él mismo, por López Madrid y por Granados. Mintra fue la entidad a través desde donde se adjudicaron los contratos licitados para la construcción determinadas líneas de metro, de acuerdo con el auto del juez.

En su auto de citación, el juez recordó los correos cruzados en enero de 2011 entre Rafael Martín de Nicolás, que fuera ejecutivo de la constructora de OHL, López Madrid e Ignacio Palacios, entonces consejero de Arpegio, de cara a que la empresa Elsan, perteneciente al Grupo de Villar Mir, resultase adjudicataria de los contratos licitados por Arpegio.

A todos ellos se les investiga por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.

Ni Villar Mir, que ha sido el primero de los imputados en declarar, ni López Madrid han respondido a las preguntas de los medios de comunicación que les aguardaban a su llegada y salida de las dependencias judiciales.