La juez fundadora de la plataforma separatista juzgará a mossos leales con la Constitución

La juez fundadora de la plataforma separatista Ágora Judicial, Montserrat Raga Marimón, será la responsable juzgar a mossos leales con la Constitución Española y que han sido expedientados por comentarios públicos en contra de los golpistas.

Raga Marimón, titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona, es una de los ocho jueces que han lanzado Ágora Judicial, una plataforma de magistrados en activo que defiende la puesta en libertad de los presos golpistas. Y la misma que deberá dirimir el futuro de, por ejemplo, Inma, la mosso desde cuyo Facebook se lanzaron descalificaciones contra Carles Puigdemont y que se encuentra expedientada desde aquel momento.

Inma fue expedientada sin sueldo y sin posibilidad de trabajar durante un periodo de 7 meses por Asuntos Internos de los Mossos por un escrito en su Facebook en el que se afirmaba sobre Puigdemont: «Eres un muerto de hambre sin oficio ni beneficio. Desgraciado de mierda te puedes morir de hambre capullo”. Las palabras fueron lanzadas bajo el seudónimo de ‘Inma Cocolea’, y la agente asegura que no fueron escritas por ella.

Montserrat Raga y el resto de impulsores de Ágora Judicial presentaron este pasado jueves en la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña su manifiesto. Y el primer punto de sus reclamaciones se centra, precisamente, en exigir la puesta en libertad los golpistas encarcelados: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Seis de los jueces que han impulsado esta asociación firmaron, de hecho, en 2014, el llamado Manifiesto de los 33 a favor de la independencia de Cataluña y de la consulta del 9-N. Los otros dos han ocupado cargos políticos en los gobiernos autonómicos de Artur Mas (PDeCAT) y José Montilla (PSC).

Montserrat Raga estaba entre los primeros: entre los firmantes del polémico manifiesto que aseguraba que «no admite discusión» que «Cataluña es una nación” y que no se puede poner en duda que ello «comporta, indefectiblemente, el reconocimiento de su derecho a decidir». Entre los argumentos barajados por esteos juristas se encontraba la apelación al intento de golpe de Estado de Tejero, en 1981, como explicación para justificar que la Constitución no recoja ese reconocimiento de modo «más explícito». Según los 33 aquello no era “un documento político”, sino «una opinión jurídica». El polémico Santiago Vidal –por el que Vox presentó la primera querella y se abrieron las diligencias contra los golpistas– y los instructores del caso Palau, estaban entre los firmantes.

Y ella será ahora la que juzgue a una mosso acusada de descalificaciones a Puigdemont y que, evidentemente, forma parte del grupo de agentes autonómicos contrarios al separatismo. De hecho, Inma es una de las impulsores de lo que se conoce como plataforma Pasarela: un grupo de mossos que han reclamado la apertura del mecanismo legal de tránsito desde la policía autonómica hacia la Policía Nacional.

Ágora judicial cuenta ya con 20 miembros

En la presentación de Ágora, el grupo en el que se integra la juez Raga señalaron que se encuentran “preocupados por la regresión de los derechos fundamentales” en España. Aseguraron que la asociación ya cuenta con 20 miembros, todos procedentes de Cataluña, aunque esperan que “se sumen otros compañeros del resto del Estado”.

Otra de las fundadoras es la magistrada Maria Josep Feliu Morell, que entre 2013 y 2015 ocupó el cargo de secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, como número 2 del conseller Germà Gordó, ahora imputado por participar en la trama de financiación ilegal del PDeCAT a través de mordidas del 3%.

En la actualidad, Maria Josep Feliu es magistrada de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona. En una entrevista concedida este fin de semana a un diario regional, afirma que se está produciendo “clarísimamente una persecución judicial” contra los impulsores del proceso de independencia de Cataluña.

Y añade que Oriol Junqueras, Joaquim Forn y ‘los Jordis’ deberían estar en libertad porque, a su juicio, no han cometido ningún delito: ni rebelión, ni sedición. En una entrevista concedida en 2013, habló aún más claro y defendió el referéndum ilegal de independencia convocado por Artur Mas: “La Generalitat pretende que los ciudadanos se puedan pronunciar sobre su futuro. Es un principio de cualquier democracia”.

El portavoz de Ágora Judicial es Xavier González de Rivera, que es titular del Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona y profesor de Derecho del Trabajo en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). También es apoderado del Colectivo de Asesoramiento y Defensa Jurídica (AiDE) que representa, entre otros, a los trabajadores del comité de empresa de TV3.

También forma parte del equipo fundacional de Ágora Judicial Ángeles Vivas Larruy, que fue secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia, a las órdenes de la consellera Montserrat Tura (PSC), durante el Tripartito presidido por Montilla.

Otro de los compañeros de Raga y fundador también de la asociación Juli Solaz Ponsirenas, magistrado de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona y uno de autores de la instrucción del ‘caso Palau’ que se negó a enviar a prisión a Félix Millet, que acaba de ser condenado a nueve años de cárcel tras reconocer que actuaba de recaudador de las comisiones que Ferrovial pagaba al PDeCAT a cambio de la adjudicación de obras públicas. La instrucción del ‘caso Palau’ se cerró sin que se pudiera mandar al banquillo a ningún político del PDeCAT salvo su tesorero, Daniel Osàcar, que finalmente ha sido condenado a cuatro años de cárcel y una multa de 3,7 millones de euros.