Soraya confirma a OKDIARIO: «Que se lo piensen si votan a Puigdemont y están en libertad condicional»

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado este jueves la noticia que avanzaba OKDIARIO y que implica que los equipos jurídicos del Estado consideran que aquellos imputados por el 1-O y diputados en el Parlamento catalán que se encuentran en situación de libertad condicional pueden perder esta libertad y volver a prisión si deciden votar a Carles Puigdemont en un pleno de investidura ilegal.

Sáenz de Santamaría ha aclarado que «evidentemente se trata de una decisión judicial», pero «cada cual debe ser ya consciente de sus actos y de sus consecuencias», porque «Puigdemont es una persona cuya comparecencia en persona en la Cámara es incompatible porque pesa sobre él una orden de detención en cuanto pise suelo español». Y, por lo tanto, todo el Pleno «en el que Torrent ha propuesto como candidato a ese misma persona, a Puigdemont», es impugnable.

Lo cierto es que los equipos jurídicos del Estado están convencidos de la ilegalidad del Pleno de Investidura de Carles Puigdemont que acaba de anunciar Roger Torrent. Y, como derivada, están convencidos de que si los diputados imputados por el golpe separatista del 1-O, y actualmente en libertad condicional, deciden votar en ese pleno ilegal, todos ellos se situarían en una posición jurídica que debe llevarles de regreso a prisión por haber vulnerado las condiciones de la libertad condicional que les permitió el Tribunal Supremo.

El argumento jurídico es claro: la convocatoria del Pleno de investidura no es genérica. Se recoge con el nombre del candidato a la Presidencia. Ese candidato no es otro que Carles Puigdemont. Un prófugo de la Justicia fugado al extranjero para eludir la acción de los tribunales. Por ello, la ilegalidad del propósito de designar a Puigdemont contamina la propia convocatoria del Pleno -como adelantó OKDIARIO y ha confirmado ya el presidente del Gobierno Mariano Rajoy- y, además, convierte en cómplices a los que lo secunden e impulsen, tanto con su tramitación como con su votación.

En esa tesitura se encontraría la mesa del Parlament catalán, encabezada por Roger Torrent -no imputado por el 1-O-. Pero, además, se encontrarían también los imputados en libertad condicional que ya han recogido su acta de diputado.

Los diputados en cuestión

Hay que recordar que tres diputados se encuentran en prisión: Oriol Junqueras, Joaquim Forn -que ha renunciado al acta diputado- y Jordi Sánchez. Jordi Cuixart, que sigue en la cárcel no llegó a ir en las listas electorales. Fugados a Bélgica se encuentran otros cinco diputados: Carles Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
Pero, al margen de ellos, Carme Forcadell -número cuatro por ERC en Barcelona- se encuentra en libertad condicional tras depositar una fianza de 150.000 euros; Jordi Turull -número cuatro de JxCAT por Barcelona- está igualmente en libertad provisional tras pagar 25.000 euros de fianza; la misma situación en la que se encuentra Josep Rull -número seis de JxCAT por Barcelona-; O en la que está Raül Romeva -número tres de ERC por Barcelona- y también bajo libertad provisional. Carles Mundó -número cinco de ERC por Barcelona- exactamente en la misma tesitura; Dolors Bassa -número uno de ERC por Gerona-; Lluis Guinó -número cinco de JxCAT por Gerona- que se libró de la cárcel tras el pago de una fianza de 25.000 euros; Josep Maria Jové -número 11 en la lista de ERC por Barcelona- y en libertad condicional; y Lluís Salvadó -número tres por Tarragona- y, de nuevo, en libertad condicional.

Evidentemente, la decisión final la tendría que tomar la Fiscalía y el juez Llarena en el Tribunal Supremo. Pero la base legal existe y los equipos jurídicos del Estado consideran que sería aplicable ante la evidencia de que todos ellos habrían vuelto al golpe al mostrar su rebeldía.