La Guardia Civil descubre que Òmnium recaudó dinero de empresas privadas para el golpe del 1-O

La Guardia Civil ha descubierto un sistema de captación de fondos empresariales orquestado en Òmnium Cultural. Un mecanismo que se centraba específicamente en la recaudación de dinero de compañías privadas con el objetivo de financiar el golpe del 1-O. Se trata de la enésima prueba que encuentra la policía judicial sobre la implicación de esta entidad –comandada en esas fechas por el hoy imputado y encarcelado Jordi Cuixart– en la financiación del golpe separatista.

La particularidad de esta vía de financiación se basa en la dirección específica de sus esfuerzos de captación de fondos hacia las empresas. Unas empresas que, en Cataluña, han soportado ya durante años la famosa exigencia del pago del 3% en comisiones para poder acceder a contratos públicos y que, en caso de insistir en ser abiertamente constitucionalistas, han tenido que aguantar desde campañas de presión, hasta la visita habitual de inspectores lingüísticos que se han encargado de demostrarles la conveniencia de amoldarse al nacionalismo a base de multas.

La Benemérita sospecha que esta asociación ha trasladado buena parte de esos ingresos logrados a la financiación del golpe del 1-O, de manera que las empresas que querían apoyar –o se sentían en la obligación de hacerlo– podían contar con un mecanismo de financiación del principal objetivo de los partidos separatistas, pero sin tener que entrar a financiar directamente a esos partidos y, por lo tanto, esquivando la ilegalidad recogida en la ley de partidos.

La Guardia Civil teme que muchas de esas aportaciones se han realizado de forma anónima. Pero, pese a ello, comprobará los pagos para comprobar el origen y su legalidad.

Todo este trabajo de investigación se sumará a las pruebas encontradas por la Guardia Civil que la han hecho considerar ya a ANC y Òmnium Cultural como parte de un esquema de ocultación de fondos del que se ha beneficiado la Generalitat para eludir los controles del Gobierno y el Ministerio de Hacienda. Una estructura en la que habrían jugado el papel de sociedades pantalla o instrumentales, con la única variante de que en esta ocasión, lejos de ser entidades mercantiles, son asociaciones.

Las investigaciones de la Benemérita le han llevado al juez Pablo Llarena a ordenar ayer mismo el registro de las sedes de ambas entidades. Allí los agentes de la policía judicial han buscado pruebas para confirmar varios puntos. En primer lugar los esquemas reales de financiación de ambas entidades. Hay que recordar que Òmnium es una sociedad que obtiene subvenciones y que no ha ocultado su percepción de fondos públicos. Pero no así ANC. Según los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, sus ingresos proceden exclusivamente de las captaciones de aportaciones populares. Los datos de la Guardia Civil no encajan con esta tesis y con la capacidad de movilización de la ANC.

La Guardia Civil no oculta sus «sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta». Y lo hace porque existía un esquema de triangulación preparado para despistar los controles del Gobierno por medio del desvío de fondos públicos hacia fines ilegales: «Si fue o no dinero público o de un tercero y posteriormente repuesto precisamente de fondos públicos (aquí entrarían o no las actuaciones de la ANC y Òmnium)”, señala la Guardia Civil en uno de sus informes. La nueva vía de captación de fondos empresariales por parte de Òmnium se suma ahora a este esquema.

No se trata del único organismo que considera que las cuentas de ANC y Òmnium son una tapadera. El Sepblac, el organismo máximo antiblanqueo, acaba de entrar a investigar a las dos grandes asociaciones separatistas catalanas, tal y como adelanto OKDIARIO.

Dinero en paraísos fiscales

El organismo, comandado por el Banco de España y que cuenta con los mejores expertos de la Agencia Tributaria y del Tesoro, cuenta con los acuerdos internacionales y los mecanismos de intercambio de información suficientes para poder seguir las pistas de dinero en paraísos fiscales y de rutas de blanqueo complejas. Y eso es, precisamente, lo que en estos momentos se investiga. Tal y como reclamó en su acusación popular Vox y como también adelantó en su momento este diario a la vista de los trabajos iniciales desarrollados por la Guardia Civil.

La Benemérita sospecha igualmente que el dinero de las campañas de captación de fondos realizadas para pagar los viajes de los familiares a visitar a los encarcelados, estancias como la de Carles Puigdemont en Bruselas, el pago de los gastos jurídicos de todos los imputados por el 1-O, o las fianzas de Forcadell y sus compañeros, es excesivo como para ser pagado exclusivamente con los fondos controlados oficialmente por estas asociaciones. Y cree que se podría estar introduciendo dinero negro dentro de esos circuitos. Dinero, posiblemente, desviado a cuentas corrientes durante los años previos al golpe separatista con la previsión, ya en esos periodos, de que tuviese que ser utilizado para diversos gastos ligados al proceso de ruptura con España.