El Supremo rechaza quedarse con la investigación de Trapero: quiere que la siga instruyendo Lamela

Trapero
Josep Lluís Trapero a la salida de la Audiencia Nacional. (Foto: Francisco Toledo)

El Tribunal Supremo considera que el ex mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, debe seguir siendo investigado por sedición en la Audiencia Nacional. La Fiscalía solicitó en un escrito recientemente su declaración como imputado ante el Alto Tribunal.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Pablo Llarena, se inclina por que la investigación de Trapero siga en manos de la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia, Carmen Lamela.

El instructor de la causa contra el golpismo catalán está siguiendo dos criterios principales a la hora de asumir la investigación de los implicados y su posterior citación. En primer lugar, que sean aforados y en segundo lugar, que su papel en los delitos de la causa sea de naturaleza inescindible, es decir, que no se puedan separar.

Las mismas fuentes aseguran que Llarena no ve tan claro «el papel inescindible de Trapero» en la trama golpista para tener que ser citado en el Supremo. El magistrado considera que parte de su responsabilidad como mando policial recaería directamente en el exconseller de Interior, Joaquim Forn, que permanece encarcelado en la prisión madrileña de Estremera desde el pasado mes de noviembre y que sí es investigado en el Alto Tribunal. Si finalmente Llarena se opone a citar como investigado a Trapero, no se descarta que la Fiscalía recurra su decisión.

Previsiblemente, en los próximos días el magistrado decida sobre la petición de libertad solicitada por Forn, tras su declaración ante la Sala de Apelación del Supremo de la semana pasada, en la que reconoció que el referéndum del pasado 1 de octubre fue «ilegal» y que se ejerció «violencia» en las calles durante la jornada.

El exconseller de Interior también se refería al papel de los Mossos mostrando su conformidad con los operativos desplegados durante el 20 y del 21 de septiembre en el desarrollo de la «Operación Anubis» porque eran planes “sólo policiales” en los que no dio instrucciones directas a los agentes. Además, resaltaba que los Mossos “nunca han estado al margen de la Ley o la legalidad y que no los puso al servicio del independentismo”.

pablo llarena
Los exmiembros del Govern (de izda. a dcha.) Joaquín Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Meritxell berrás a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional (Foto: Efe)

El pasado 16 de octubre, la juez Carmen Lamela tomaba declaración al exmayor de los Mossos por la “inacción” de los agentes durante las algaradas callejeras del 20 y el 21 de septiembre contra la Policía y la Guardia Civil. Tras la comparecencia, le dejaba en libertad tras la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligatoriedad de comparecer en el Juzgado cada 15 días.

Lamela cita al coronel De los Cobos

Este lunes, la juez Lamela citaba como testigo para el próximo 14 de febrero al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, y ordenaba una serie de diligencias para averiguar “quien ordenó y cómo se gestó la actuación de vigilancia a políticos relacionados con la preparación del referéndum que tuvo lugar el pasado 1 de octubre de 2017”.

En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional aceptaba la práctica de una serie de diligencias propuestas por los investigados en este procedimiento Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos, y la intendente Teresa Laplana, y rechazaba otras por considerarlas “innecesarias en este momento”.

Entre las diligencias que se acordaban se encuentra librar oficio a los Mossos d´Esquadra para que remita el Plan Operativo, denominado dispositivo AGORA, el Acta de creación de la Comisión TIC para la seguridad y protección de los miembros del gobierno, autoridades de otras instituciones y otras personalidades. También el informe acerca de si la comisión TIC recibió, en septiembre y octubre de 2017, encargo de aplicar las medidas de seguridad antes mencionadas a determinadas personas, con indicación del nombre y cargo de las mismas.

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