Correa saldrá de prisión en dos años en régimen de semilibertad tras pactar con Anticorrupción

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, saldrá de prisión alcanzando en tercer grado en régimen de semilibertad en tan sólo dos años tras alcanzar un pacto de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, ha conseguido trazar esta estrategia procesal y penitenciaria para conseguir rebajar drásticamente las penas solicitadas al empresario y consecuentemente, poder reducir su tiempo de estancia en prisión.

Tras pactar con el Ministerio Público, el cabecilla de la trama Gürtel será condenado a un máximo de 3 años en el juicio sobre la financiación ilegal del PP de Valencia que se celebra estos días en la Audiencia Nacional, tal y como anunció la fiscal del caso. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TJCV, condenó a Correa a 13 años de prisión en la denominada rama valenciana de Gürtel por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho en la contratación del expositor de la Generalitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009.

La hoja de ruta pasa necesariamente por que el Tribunal Supremo atienda el recurso de casación presentado por la defensa de Correa y rebajar la condena de 6 a 4 años y medio, o a 3 años, impuesta por malversación en la causa Fitur, aplicando atenuantes que se harían extensivos al resto de piezas. Hasta el momento, el delito de malversación es el más grave por el que se le ha condenado.

Según las mismas fuentes, el Alto Tribunal «estaría dispuesto a aceptar atenuantes» para rebajar dicha pena y su veredicto se conocerá previsiblemente en abril o mayo de este año. La regla establecida en el artículo 76 del Código Penal sobre acumulación de condenas indica que se «limita el tiempo de cumplimiento efectivo de condena al triple de la pena más grave».

Al aplicar el citado artículo del Código Penal, se le condenaría al triple de la pena ya rebajada por el Supremo de aproximadamente 4 años por malversación en el caso Fitur, es decir, a un total de 12 años.

Correa ya ha permanecido 4 años en la cárcel, por lo que en 2 años cumpliría la mitad de su hipotética condena (6 de los 12 años) y podría solicitar así el tercer grado penitenciario que se aplica a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, “estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad”.

Dicho régimen se caracteriza por la ausencia de controles rígidos. Los presos tienen que permanecer como mínimo 8 horas de cada 24 en la cárcel. Durante el resto del día, pueden salir del centro penitenciario, ya sea para desarrollar actividades laborales, formativas, familiares, de tratamiento o de otro tipo, encaminadas a su integración social.

Si el preso acepta voluntariamente el control de su presencia fuera del centro penitenciario mediante dispositivos telemáticos como la pulsera, no tendrá que cumplir ni si quiera ese mínimo de 8 horas en prisión. Al haber cumplido ya más de un tercio de la condena puede solicitar permisos penitenciarios.

Declaración «activa y positiva» de Correa

La fiscal del caso aseguraba hace pocos días en las cuestiones previas del juicio que si Francisco Correa efectuaba una declaración «activa y positiva» aceptaría una modificación de la petición de pena a 3 años de cárcel.

La comparecencia del líder de la trama Gürtel no defraudaba y aseguraba este martes que el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, obligó a sus sociedades a facturar irregularmente trabajos de las campañas electorales de 2007 y 2008 a otras empresas si querían cobrar.

“El PP tuvo la iniciativa: ‘Si queréis cobrar tenéis que hacerlo de estos empresarios’. Imagino que a ellos también les dirían que si no lo hacían así tendrían menos adjudicaciones de obra”, decía Correa en su declaración. Concretamente, apuntaba a Ricardo Costa, acusado en el juicio, como el que dio la orden a su segundo, Pablo Crespo, de facturar a otros empresarios servicios que la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, habían prestado al PP.

“Ese trabajo por el que hemos emitido esas facturas no era para ellos (los empresarios) sino para el Partido Popular. Como ellos no nos pagaban nos dijeron: ‘facturádselo a estos empresarios’”, explicaba Correa. Sin embargo, señalaba que todas esas facturas eran por “servicios prestados” y que no existe ninguna por “algún trabajo que no se haya realizado”.