Puigdemont quiere blindarse como eurodiputado en 2019 y la UE dice que no hay impedimento legal

Carles Puigdemont
Puigdemont, en un acto en Bélgica.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, tiene ya en mente un plan B por si fracasa su intento de ser investido por la vía telemática: blindarse como eurodiputado. El Parlamento Europeo, a priori, no pondría impedimento legal porque, al menos de momento, Puigdemont mantiene su derecho político de concurrir a unas elecciones y, por tanto, ser elegido, confirman fuentes comunitarias.

La condición de ‘elegibilidad’ es la misma que rige en el caso de las elecciones nacionales o autonómicas. Es decir, cualquier candidato imputado puede presentarse en las listas, aunque lo esté por delitos tan graves como de los que se acusa al expresidente catalán (rebelión, sedición y malversación). En la fase de instrucción se mantiene la presunción de inocencia, y por lo tanto, el derecho a votar y ser votado. Esa situación solo se alteraría cuando existiese una condena.

De hecho, el Parlamento Europeo es ciertamente garantista en cuanto a la situación penal de sus miembros. Aunque sí existen mecanismos para cuestionar la presencia de un eurodiputado sometido a la acción de la Justicia. Al igual que en el Congreso de los Diputados, en la Eurocámara rige la figura del suplicatorio, que permite que, en un caso de acciones judiciales, el pleno, en votación, se pronuncie sobre la inmunidad que, por derecho, protege a todos sus miembros.

Este suplicatorio suele ser un proceso largo, de hasta cinco meses, y, en muchos casos, ha acabado en favor del eurodiputado. El inicio del procedimiento corresponde a las autoridades judiciales españolas, que deberán emitir a Bruselas el suplicatorio a través de la Representación Diplomática de España ante la Unión Europea. Posteriormente, será la comisión de Asuntos Jurídicos la que se hace cargo del proceso y redacta un informe que se vota en comisión y, después, en pleno.

El procedimiento otorga la oportunidad al imputado a dar su explicación de los hechos, con lo que, en ese caso, Puigdemont tendría además ocasión de llevar su relato independentista al Parlamento, en su propósito de internacionalizar el proceso catalán. Lo más probable, sin embargo, es que el pleno se declarase en contra, dados los escasos apoyos con los que cuenta en Bruselas.

El Supremo ya recurrió al suplicatorio europeo en ciertas ocasiones. Ocurrió por ejemplo con José María Ruiz-Mateos, cuando fue procesado por el caso Rumasa. El pleno aprobó levantarle la inmunidad por 118 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones.

El levantamiento de la inmunidad tendría la base en que los delitos que se le imputan «son ajenos al ejercicio de una actividad política relacionada con su mandato de eurodiputado», porque son previos a este mandato.

Tarjeta de Residencia

En el caso de que su intención sea quedarse de forma permanente en Bruselas, Puigdemont habría de cumplir con ciertos trámite burocráticos.

De acuerdo a la legislación belga, los ciudadanos comunitarios que lleven más de tres meses en el país deberán solicitar la Tarjeta de Residencia en el Ayuntamiento del lugar donde desean fijar su residencia o donde se vaya a realizar la actividad económica o laboral. A Puigdemont se le cumple el plazo a finales de este mes.

La Tarjeta tendrá que solicitarse en el Ayuntamiento, acompañada del pasaporte o Documento Nacional de Identidad vigentes y tres fotos. Las Autoridades locales podrán pedir además diversos justificantes complementarios, por ejemplo, sobre la situación económica del solicitante. La  autorización de estancia se concede normalmente por un plazo de cinco años.

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