El plan separatista: convocar la investidura a última hora para que el Gobierno recurra ‘in extremis’

Los diez días que empiezan a contar hasta la investidura del próximo presidente catalán se librarán como un juego de tiempos entre el independentismo y el Gobierno central. Y el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), será el encargado de activar la reacción del Estado: su convocatoria del pleno de investidura llevará al Ejecutivo a recurrir de inmediato al Tribunal Constitucional.

De ahí que los independentistas opten, en estos momentos, por apurar los plazos y esperar a última hora para convocar la sesión, en la que, inevitablemente, habrían de poner el nombre de un candidato que, a día de hoy, es Puigdemont.

Los secesionistas han evitado desvelar en público su estrategia, a fin de «no dar pistas» al Gobierno. Pero en su mano está controlar los tiempos de la investidura y, en consecuencia, el momento en el que el recurso-que los servicios jurídicos de La Moncloa ya tienen ultimado- llegue al Constitucional. El Ejecutivo alegará que la sesión de investidura de Puigdemont es un «fraude de ley», imposible porque, en el momento en que ponga pie en suelo español, será detenido. Además, podría considerar también que el candidato ha dado muestras sobradas de que no renuncia a la vía unilateral.

Si Torrent espera hasta el final para convocar esa sesión, forzará al Ejecutivo a acudir al TC ‘in extremis’. Y cabe recordar, además, que el recurso tendrá que ser aprobado en Consejo de Ministros reunido de manera extraordinaria. En consecuencia, la suspensión también sería exprés.

Lo mismo ocurriría en el caso de que el objeto a recurrir fuese una modificación del Reglamento para permitir la investidura por plasma de Puigdemont. O, más aún, la decisión de la Mesa en ese sentido, algo que podría ocurrir el mismo día de la investidura. De hecho, los independentistas podrían perfectamente prescindir de alterar la normativa parlamentaria y hacer una interpretación laxa, ya que ésta no hace mención a la presencia física del candidato en el pleno.

Siendo así, el Gobierno sólo podría recurrir cuando tuviese constancia de que Puigdemont va a ser investido por vía telemática. Esto es, en el mismo pleno de investidura. Ello llevaría al escenario, incierto, de que llegase a ser investido y, a continuación, el nombramiento suspendido por el TC. Una baza en manos del independentismo para cargar contra la «represión» del Estado.

En añadido, los grupos del bloque constitucionalista presentarán, con toda probabilidad, un recurso de amparo ante el Constitucional alegando que se vulneran sus derechos fundamentales, lo que, en virtud del artículo 56.6 de la Ley Orgánica del TC, llevaría también a una suspensión. Ya ocurrió, por ejemplo, con el acuerdo del Parlament del pasado octubre por el que se fijaba la comparecencia del entonces president para abordar los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre. La impugnación del acuerdo, por parte del PSC, dejó el pleno en suspenso.

El Gobierno está convencido de que Puigdemont no será presidente de la Generalitat en ningún caso. De hecho, en fuentes de La Moncloa, se considera que tanto Junts per Catalunya como ERC mantienen la candidatura con fines «propagandísticos».

El Gobierno ya tenía preparado un recurso para este miércoles, en el caso de que se permitiese el voto de los cinco diputados fugados en Bruselas en la sesión para la elección del presidente del Parlament. Finalmente, ellos no lo han solicitado al tener asegurada la victoria de su candidato.