La Fiscalía considera que Junqueras fue el “promotor de la rebelión” por delante de Puigdemont

Juan Antonio Ramírez Sunyer
Oriol Junqueras, votando en el referéndum ilegal de independencia del 1-O.

La Fiscalía considera que el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, fue el «auténtico promotor de la rebelión en Cataluña» por delante del propio expresidente Carles Puigdemont.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que los informes de la Guardia Civil aportados a la causa que instruye el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no hacen más que demostrar y acreditar «la obsesión de Junqueras con el Estado propio y la República catalana» desde hace años. De hecho, los indicios delictivos en contra de Junqueras «son numerosos y siguen acumulándose conforme avanza la instrucción».

Según el documento EnfoCATs, intervenido al que fuera nº 2 de Junqueras, Josep María Jové, para lograr la independencia se establecieron dos comités: uno estratégico y otro ejecutivo. El comité estratégico tendría como misión «orientar y dirigir la implantación del plan alineando a todos los actores implicados y haciendo que se movilizaran los recursos humanos y financieros necesarios. Era el órgano que definía los grandes objetivos y la misión esencial: la independencia de Cataluña».

Su composición estaría formada, entre otros, por el presidente y vicepresidente del Gobierno de la Generalitat o los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas, es decir, por el propio Junqueras.

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Agentes de los Mossos d’Esquadra custodian las puertas de la sede de la consellería de Economía de la Generalitat en cuyo interior se encontraba un grupo de agentes de la Guardia Civil que realizaban un registro con motivo del 1-O (Foto: Efe)

El Ministerio Público decidía mantener el pasado 4 de enero su petición de prisión incondicional para Junqueras en la vista celebrada ante la Sala de Apelación del Supremo, destacando el riesgo de reiteración delictiva por parte de Junqueras en los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Aunque los comportamientos de rebelión se produjeron con menor frecuencia, la Fiscalía cree que hay un «riesgo muy alto» de reiteración del exvicepresidente catalán en los delitos de sedición y malversación. El propio Junqueras en su turno de palabra se definió ante la Sala como «un hombre de paz» que apuesta por el «diálogo» y la «bilateralidad». No obstante, sus argumentos no convencieron al Ministerio Público.

Mientras tanto, Carles Puigdemont continúa huido de la justicia española en la actualidad junto a varios exconsellers en Bruselas. Previsiblemente, cuando regrese a España se ordene su arresto inmediato y puesta a disposición judicial.

Los independentistas rodean un coche de la Guardia Civil destrozado en Manresa
Los independentistas rodean un coche de la Guardia Civil destrozado.

El auto sobre Junqueras

En el auto emitido por la Sala de Apelación del Tribunal Supremo el pasado 5 de enero donde se rechazaba el recurso de Oriol Junqueras, el magistrado Miguel Colmenero aludía a muchos de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía.

La Sala que confirmaba por unanimidad la prisión incondicional para el exvicepresidente catalán señalaba que en la fase provisional de la causa «existen indicios de la comisión por parte de Junqueras de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, y que también existe un riesgo relevante de reiteración delictiva al no existir ningún dato que permita entender que el recurrente tiene la intención de abandonar la vía seguida hasta ahora».

Según el magistrado Miguel Colmenero, Junqueras participó como vicepresidente del Gobierno catalán en «un plan de declaración unilateral de independencia en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y alzándose contra el Estado español, contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico».

Ese comportamiento constituía a juicio del Supremo “un hecho ilegítimo, gravísimo en un Estado democrático de Derecho, en el que el cumplimiento de la Ley como expresión formalizada de la voluntad popular aprobada por sus representantes legítimos, y también la misma lealtad al propio sistema democrático que nos rige, imponen ciertos límites que deben ser respetados en aras de una convivencia pacífica y ordenada”.

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