Montoro no dará privilegios fiscales a Cataluña: la tratará igual que al resto

Hacienda no dará privilegios fiscales a Cataluña en la negociación de la reforma de la financiación autonómica. Las mejoras de fondos o del sistema de reparto que se ofrezcan durante la tramitación del nuevo modelo de asignación de recursos se ofrecerán a todas las Comunidades Autónomas.

Se trata del principio desde el que se dará inicio a esta reforma que los sectores nacionalistas consideran clave para sus reivindicaciones, pero que el Gobierno no está dispuesto a que se convierta en un nuevo mecanismo de pago a los separatistas.

JxCAT hace ya tiempo que dejó atrás las reivindicaciones de mejoras en el modelo de financiación de Cataluña. La afirmación del ‘España nos roba’ y la petición constante del pago de lo que ellos calificaban hace años como el déficit fiscal que España debía saldar -cerca de 8.000 millones de euros al año- ha dado paso a un mensaje en el que el acento ya sólo se pone en la exigencia de independencia y de un referéndum separatista.

Pero determinados sectores del Gobierno -encabezados por la Vicepresidencia- han seguido pensando que ERC podía aceptar una vía de negociación. Pues bien, esa negociación podrá serlo, pero no con un perjuicio para el resto de territorios. Porque “los cambios en la reglas de cálculo de los fondos, o en los mecanismos de reparto de los ingresos, o cualquier otro, será ofrecido en la negociación a todos los responsables autonómicos”, señalan desde Hacienda.

El anuncio de esta decisión tranquilizará a unos. En concreto, a Madrid, que ya había reclamado garantías en este sentido. Pero puede romper determinados posicionamientos en el caso de otros. Y es que hay que recordar que dentro del propio PSOE la división se había implantado ante el temor, por parte de la mayoría de los barones territoriales socialistas, de que Pedro Sánchez aceptase una negociación viciada por las exigencias de Miquel Iceta para contentar a los nacionalistas.

De hecho, las peticiones de Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana en el Comité Técnico de la financiación regional –organismo convocado ya por Hacienda y que debe evaluar las exigencias de cada territorio de cara al diseño del futuro modelo de reparto de fondos entre autonomías– ha reclamado un mecanismo de nivelación de ingresos entre todas las regiones españolas, algo que, de facto, combate el deseo del PSC de tener un mecanismo individualizado que le garantice más fondos y privilegios a Cataluña que al resto de territorios.

Andalucía pide «equidad»

La comunidad autónoma presidida por Susana Díaz ha exigido, en concreto, y según los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, que se garantice una “equidad/nivelación” y que, en caso de querer avanzar hacia un principio de ordinalidad –una de las exigencias clásicas de los nacionalistas catalanes–, que se discuta políticamente. Para ello, Andalucía reclama un avance sensible hacia la “armonización tributaria”, lo que restaría capacidad normativa propia a cada región, combatiendo las rebajas fiscales de autonomías como la madrileña, pero, también, los planes catalanes de gestionar autónomamente cada vez más impuestos.

Asturias avanza en la misma senda contraria a los intereses catalanes. Busca “definir una cartera de prestaciones común que el sistema debería garantizar” de forma que “todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, tengan derecho a recibir los servicios y prestaciones en igualdad de condiciones, por lo que el reparto de recursos entre territorios ha de partir de un análisis del gasto en términos homogéneos y de los factores que lo determinan”. El objetivo es conseguir una nivelación total de recursos por unidad de necesidad, algo que contradice los privilegios reclamados por Iceta para Cataluña. Javier Fernández ni siquiera acepta discutir el principio de ordinalidad.

Castilla La Mancha, por su parte, pide más recursos para “garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos”. Porque, de nuevo en un evidente rechazo del plan trazado entre el PSC y Sánchez, exige la “nivelación plena (la misma financiación por habitante ajustado) y se opone al principio de ordinalidad”. Extremadura tampoco se aparta de este combate a los pactos con los nacionalistas y exige una nivelación plena de todos los servicios, por lo que “no es admisible la nivelación parcial”. E, incluso, hasta la Comunidad Valenciana pide que todas las CCAA infrafinanciadas “deben alcanzar a aquellas mejor financiadas”, lo que, de nuevo, anula los privilegios reclamados para Cataluña.

Todo ello, mientras Pedro Sánchez y Miquel Iceta han pactado a lo largo de los últimos meses todo un paquete de regalos multimillonarios en inversiones para la Generalitat catalana. Un paquete que parte de asumir la reclamación nacionalista de la existencia de un déficit en infraestructuras y que los separatistas estiman en cifras entre 800 y 1.000 millones anuales. Entre las propuestas “que los socialistas venimos defendiendo en materia de inversión en infraestructuras”, según figura en los acuerdos PSOE-PSC, se encuentra «recuperar el nivel de inversión del Estado en Catalunya, mediante la prórroga de la Disposición Adicional 3ª del Estatuto con el fin de garantizar que los Presupuestos Generales del Estado destinen el porcentaje de inversión que corresponde a la participación de Catalunya en el PIB».