ERC acuerda con JxCAT que el huido Puigdemont sea el candidato a president de la Generalitat

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Carles Puigdemont durante su discurso de Año Nuevo

Las formaciones independentistas JxCAT y ERC han comunicado este martes que Carles Puigdemont será el candidato a la presidencia de la Generalitat. Tras acordar el nombramiento de Roger Torrent como nuevo presidente del Parlament, las dos formaciones han confirmado que Puigdemont será el encargado de «restituir las instituciones» en Cataluña.

A pocas horas de que se celebre la sesión de constitución del Parlamento de Cataluña, tras las elecciones del 21-D, ERC y JxCAT han acordado que el huido Carles Puigdemont sea el candidato del bloque independentista para presidir la Generalitat, algo que se sabía pero que faltaba ratificar.

Els grups parlamentaris Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya han arribat a l’acord de votar la candidatura de Roger Torrent a president del Parlament de Catalunya. En la línia de restitució de les institucions, també han acordat donar suport a la proposta de candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya de Junts per Catalunya, el Molt Honorable President Carles Puigdemont.

Tras una reunión celebrada esta tarde, la formación del encarcelado Oriol Junqueras ha propuesto que Roger Torrent sea el nuevo presidente del Parlament. Faltaba dilucidar si finalmente apoyaría a Carles Puigdemont, huido a Bruselas tras el golpe independentista.

Pese a la decisión de ERC, falta por dilucidar de qué manera será investido Puigdemont. Su regreso a España supondría su ingreso inmediato en prisión, y los letrados del Parlament tiraron por tierra la posibilidad de que Puigdemont pueda ser investido por plasma, aunque muchas voces dentro del independentismo aseguran que el dictamen de los letrados no es vinculante.

Cualquier modificación del Reglamento del Parlament será tumbada por el Tribunal Constitucional, además, dado que no existe la posibilidad del voto telemático, los independentistas no tendrían mayoría para realizar esas modificaciones que, a buen seguro, reactivarían por parte del Gobierno la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

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