Rivera ya hace la pinza al Gobierno: favorece las iniciativas de PSOE y Podemos en el Congreso

Pedro Sanchez
Pedro Sánchez y Albert Rivera. (Foto: EFE)
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Ciudadanos ya define hace tiempo su perfil de oposición al Gobierno en el Congreso. El partido de Albert Rivera, que ha pasado de socio de investidura a ser la amenaza más urgente para Mariano Rajoy, ha facilitado en estos meses la iniciativa parlamentaria de PSOE e, incluso de Podemos, votando a favor o absteniéndose en sus proposiciones.

Si se estudian, por ejemplo, las proposiciones de Ley del PSOE, hasta diciembre, se encuentran los datos siguientes: de diez iniciativas, Ciudadanos votó ‘sí’ en seis y se abstuvo en el resto. Entre ellas está, por ejemplo, la proposición para paralizar el calendario de la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE), aprobada por 208 votos a favor-entre ellos los de Ciudadanos-133 en contra y dos abstenciones. Desde la formación ‘naranja’, su portavoz en Educación, Marta Marín, argumentó que la proposición recogía “el fondo” del acuerdo firmado en su día con el PSOE y “en parte” el pacto con el PP.

Ciudadanos se abstuvo en otras iniciativas socialistas relevantes, como la derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o la modificación del Estatuto de trabajadores subcontratados.

En cuanto a las proposiciones no de Ley presentadas por el PSOE, y aprobadas por el Pleno, de doce, Ciudadanos votó afirmativamente en ocho y se abstuvo en las cuatro restantes. Entre las primeras está, por ejemplo, la de revertir los recortes al subsidio para mayores de 52 años, el inicio de la reforma del sistema de financiación autonómica o la ley de ‘segunda oportunidad’ para personas sobreendeudadas. La formación de Rivera se abstuvo, entre otras, en la proposición socialista para instar al Gobierno a derogar la reforma laboral y el Estatuto de los Trabajadores, en la que reclamó terminar con el sistema de becas y ayudas al estudio que implantó el  exministro José Ignacio Wert en 2013 o en la anulación de las sentencias contra el presidente de la Generalitat, Lluis Companys. 

Pese a las evidentes distancias ideológicas, el apoyo se observa también en el caso de las iniciativas de Podemos tomadas en consideración por el Pleno del Congreso.

Así, el partido votó a favor de la proposición de ley para derogar los plazos de instrucción marcados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pone un tope general de seis meses y de año y medio si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas. El PP fue el único grupo que se opuso a tramitar la iniciativa. También apoyó la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley de  contra la discriminación por orientación sexual, conocida como Ley LGTB. La proposición abre la puerta a que sea una Agencia Estatal la que sancione posibles casos de discriminación “por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales”, eliminando así la tutela judicial.

Ciudadanos se abstuvo en la proposición del partido de Pablo Iglesias para modificar el Código Penal que recogía medidas polémicas como suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo en casos, por ejemplo, de redes sociales o que puedan considerarse “humor negro” o libertad de expresión. También se abstuvo en la petición para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 800 euros en 2018 y 2019 y que alcance los 950 euros en 2020.

Ciudadanos se decantó también por la abstención ante la iniciativa para reprobar a los ministros de Exteriores, Alfonso Dastis, y del Interior, Juan Ignacio Zoido, en relación con el cumplimiento de las cuotas de acogida de refugiados. Ese fue el mismo sentido de voto en la petición para ampliar los permisos de paternidad a las actuales 16 semanas para las madres. También apoyó la modificación de la ley de dependencia para reconocer el derecho con carácter retroactivo y acortar el tiempo de espera para recibir la prestación. Rechazó, sin embargo, la proposición en contra del Acuerdo Económico y Global (CETA), otra en la que se instaba al Gobierno a que los municipios puedan regular los alquileres abusivos o a eliminar las peonadas como requisito para acceder al subsidio agrario.

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