Los abogados de los acusados de los ERE se conjuran para echar a Manos Limpias del juicio

Los abogados de los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, que se sientan en el banquillo por el caso de los ERE, se han conjurado para echar de la causa al sindicato Manos Limpias. En un escrito que presentaron ante la Audiencia Provincial de Sevilla en noviembre pasado se escudaban en las diligencias que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional contra Miguel Bernad, presidente de Manos Limpias, para quitarse de en medio a la única acusación popular, junto al Partido Popular, que logró el procesamiento de Chaves, Griñán y Zarrías, entre otros dirigentes del socialismo andaluz. Todos ellos, según las diligencias judiciales llegaron a desviar 800 millones de euros.

Los letrados de los encausados, remitiéndose a los autos judiciales de la Audiencia Nacional, señalan que la organización criminal de Luis Pineda y Ausbanc, “cuya finalidad última era la obtención de un beneficio económico ilícito» por medio de la extorsión, se sirvió de Manos Limpias «como medio para reforzar esa coacción”.

Así mismo, mantienen que «para reforzar la presión contra las entidades y lograr los acuerdos económicos empleaba al sindicato Manos Limpias , al cual financiaba para ejercer la acusación popular , contando con el apoyo y el beneplácito de su secretario general, Miguel Bernad».

Los abogados defensores, entre quienes se encuentran primeras espadas como José María Mohedano, Aparicio Díaz, Moreno Catena, Martínez Fresneda o Adolfo Cuéllar, resaltan que Bernad está investigado por los delitos de estafa, extorsión y pertenencia a organización criminal, entre otros, utilizan unos datos inexactos o manipulados para afrontar un juicio más llevadero sin la acusación popular. Insisten en que Manos Limpias no existe y que Miguel Bernad ha dimitido de su cargo directivo, por lo que “la asociación ha quedado vacía de miembros y de contenido”.

En el escrito destacan que la presencia en el proceso de Manos Limpias “resulta ofensiva a la dignidad del tribunal y la de los profesionales que representan y dirigen técnicamente los intereses del resto de partes procesales”. Y solicita a la Audiencia Provincial que “se requiera a Manos Limpias para que acredite cumplidamente la validez y vigencia del mandato representativo a través del cual se constituyó como parte procesal en calidad de acusación popular”.

Plenos poderes para causas en curso

La sección Primera de La Audiencia Provincial de Sevilla dio traslado del escrito al sindicato para que acreditara “la validez y vigencia del mandato representativo”. Entre otros requisitos el tribunal exige “la existencia jurídica del sindicato al día de la fecha” y “la vigencia de sus órganos de representación”.

El 5 de diciembre, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, contestó al tribunal de los ERE que el sindicato ni “había sido suspendido ni ilegalizado por resolución judicial, ni tampoco se ha disuelto por acuerdo de la Asamblea General extraordinaria, como establecen los estatutos”.

Para acreditar su existencia jurídica presentaba un “certificado de vida”, expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, fechado el 4 de diciembre, en el que se confirmaba que el sindicato estaba vigente: “Entre los antecedentes obrantes en el expediente no existe declaración judicial que contradiga el depósito, teniendo personalidad jurídica vigente”.

Y con respecto a sus órganos de administración tienen vigencia hasta enero de 2018, teniendo su secretario general “plenos poderes” para sostener causas que se mantienen en curo.

No era la primera vez que se producía un movimiento como el de los abogados de los ERE para descabezar a una acusación popular. Ya sucedió en abril de 2016 cuando en el juicio del caso Nóos el abogado de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin, solicitó al Tribunal la expulsión de la vista oral de Manos Limpias. Entonces, de manera sorprendente el abogado de la infanta Cristina se opuso a esa medida, aunque si se sumó la defensa de Urdangarin.

Como pretenden ahora los letrados de los ERE, la defensa del caso Nóos esgrimió los mismos argumentos: las investigaciones de la Audiencia Nacional contra el sindicato por unas supuestas extorsiones a entidades bancarias. Sin embargo, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, censuró a los abogados que habían adoptado tal iniciativa porque no había una sentencia firme contra Manos Limpias ni contra ninguno de sus dirigentes: “Hay que respetar el principio de presunción de inocencia”, defendió la magistrada.