Iridia está subvencionada por el gobierno de Ada Colau

Podemos basó sus denuncias sobre el 1-0 en un informe de la asociación de la madre del asesino Lanza

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El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en su escaño durante una sesión de control en el Congreso (Foto: Efe)
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Podemos se apoyó en las conclusiones de un informe elaborado por la asociación Iridia, promovida entre otros por la madre de Rodrigo Lanza, para sus denuncias sobre abusos en las actuaciones policiales del 1 de octubre.

Dos semanas después del referéndum ilegal, Ione Belarra (portavoz adjunta de Unidos Podemos) y Xavier Domènech, candidato a las elecciones del 21 de octubre, presentaron en el Congreso de los Diputados los informes del Ayuntamiento de Barcelona y de la asociación Iridia. En el acto participaron también el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens -quien ejerció como abogado de Lanza en el caso por dejar tetrapléjico a un guardia urbano y que, según informó OKDIARIO fue quien ejerció de contacto con los golpistas para coordinar el 1-O, de acuerdo a las investigaciones de la Guardia Civil- y el codirector de la asociación, Andrés García Berrio. 

La organización llegó a denunciar en su informe -que hizo llegar a distintos organismos internacionales- que el dispositivo de la Policía «buscaba generar el pánico». Además, cifraba en 893 casos de personas heridas en las actuaciones policiales que se registraron en Cataluña en el mes previo y los días posteriores al referéndum ilegal. El Gobierno, por su parte, cifró en hasta en 431 los policías y guardias civiles heridos durante su intervención en diferentes puntos de Cataluña durante la jornada del 1 de octubre.

La asociación Iridia -que se define como «centro para la defensa de los Derechos Humanos»- colabora activamente con el consistorio de Ada Colau, por lo que ha recibido distintas subvenciones públicas (pese a que en su web se anuncia como una organización «independiente»).

De hecho, al día siguiente del referéndum, el Ayuntamiento de Barcelona reforzó excepcionalmente sus servicios para atender a las posibles víctimas de «abusos» durante el 1 de octubre. En ese dispositivo tenía un papel relevante el programa Saidavi, «el sistema de defensa de derechos en el que trabajan juntos el consistorio y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia», como se destacaba en la propia página web del Ayuntamiento.

Charlas en colegios tras el 1-O

Asens consideró que los hechos del 1-O fueron «los más graves de los últimos treinta años» en cuanto a violencia institucional y anunció que el consistorio se personaría como acusación popular en casos en que existiese «un perjuicio especialmente lesivo», como el de un hombre, Roger Español, que perdió un ojo por una bala de goma. Iridia ejerció como defensa.

La colaboración entre Iridia y el consistorio se reforzó con motivo del 1-O. La organización era la encargada, por ejemplo, de prestar atención psicológica a las personas que denunciaban abusos del 1-O y de ofrecer charlas en algunos centros educativos. «A petición de algunas personas afectadas y de algunos grupos organizados, se han desarrollado sesiones grupales de atención psicosocial en algunos colegios. Estas sesiones, dinamizadas por Irídia y por Fil a l’Agulla han sido de dos horas y han seguido la metodología de los grupos de apoyo mutuo. De esta manera, las sesiones grupales pretenden dar pautas psicosociales para poder identificar las propias reacciones, emociones e impactos derivados de haber sufrido una situación de represión», se dice en el informe elaborado por el ayuntamiento.

Por esa colaboración,  la organización recibió al menos 30.000 euros por el programa ‘Derechos civiles y libertades públicas en el espacio público’.

La asociación anunció su personación en distintos casos de violencia el 1 de octubre. Pero desde su formación viene ejerciendo un asesoramiento legal contra la Policía y la Guardia Urbana de Barcelona que han terminado, en ciertos casos, con la imputación del agente.

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