El Gobierno añade a las normas de los interventores del 21-D un aviso sobre el uso ilícito del censo

El Gobierno pone el foco en los interventores y apoderados de las formaciones independentistas que concurren a las elecciones del próximo 21 de diciembre.

A instancias de la Junta Electoral, el manual de instrucciones que se repartirá entre quienes formen parte de las mesas electorales incorpora un añadido, no previsto, que supone una especial vigilancia en la tutela del censo de electores.

«Desde que comienza la jornada electoral y hasta que ésta finalice, las listas del censo electoral proporcionadas a los apoderados e interventores de las candidaturas deberán permanecer dentro del recinto del colegio electoral», avisa. Y añade que «los apoderados e interventores de las candidaturas, concluida la jornada electoral, las podrán llevar consigo, sin que en modo alguno pueda deducirse que ello reduce su compromiso de utilizarlas para los fines específicos permitidos en la legislación electoral». La advertencia procede de un acuerdo de la Junta Electoral de 8 de junio de 2015.

La modificación adquiere un especial significado tras el uso ilegal del censo para el referéndum del 1-O por parte del gobierno destituido.

La legislación española señala que el censo electoral es uno y único en todo el país y por tanto, no cabe realizar otro distinto. Pese a ello, los independentistas aseguraron disponer de uno propio, sin explicar cómo lo habían conseguido. También dejaron evidencias de que efectivamente disponían de él, como ocurrió en la web habilitada para consultar los puntos de votación a través del DNI y el código postal o en el envío de notificaciones para participar en las mesas electorales. Una ilegalidad.

La polémica se extendió también a los Ayuntamientos catalanes, que solo podrían ceder datos del padrón municipal «cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes». Es decir, nunca en el caso de un referéndum (cuya competencia corresponde al Estado), y mucho menos para romper con España, que es abiertamente contrario a la Constitución. Los independentistas acabaron utilizando un censo universal, de forma que cualquier ciudadano podría votar en cualquier colegio.

La Ley de Protección de Datos es explícita en las sanciones que corresponden a los delitos por vulneración de la privacidad y que podría llevar a multas de hasta 600.000 euros por «crear ficheros para almacenar datos que revelen datos especialmente protegidos», la «recogida de datos de manera engañosa o fraudulenta», o «recabar datos especialmente protegidos sin la autorización del afectado».  Supuestos en los que podría incurrir quien atesore los datos y los utilice después para un fin ilegal.

Las formaciones independentistas han recurrido a las redes sociales para reclutar a los interventores y apoderados que vigilarán la jornada electoral, por separado.

ERC lo hace a través de la web apoderats.cat, en la que anima a suscribirse «a la red de ciudadanos más grande hecha nunca para asegurar las garantías de las elecciones».

«Tenemos que asegurar, más que nunca, que el derecho de voto se ejerce con plenas garantías», añaden.

Precisamente, esta formación ha anunciado que hará un recuento paralelo de los votos por temor a que se adulteren los resultados. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado que actúan para evitar un «pucherazo» en unas elecciones «ilegítimas e ilegales».

En los últimos días, la Junta Electoral ha advertido también a los interventores y apoderados de que no podrán llevar el lazo amarillo con el que reclaman la libertad de los dirigentes encarcelados.