Indignación en Moncloa con PSOE y C’s por cuestionar la seguridad del 21-D

En Moncloa no se entiende la estrategia de PSOE y Ciudadanos de cargar ahora contra el Gobierno por los posibles riesgos en la seguridad de las elecciones catalanas.

En fuentes gubernamentales no se comparte ni el momento-en plena cuenta atrás para una de las citas electorales más sensibles-ni tampoco la forma. Aseguran que en las conversaciones, fluidas, que se mantienen con ambos partidos nunca se trató este asunto, ni se trasladó queja alguna sobre las garantías ante el 21 de diciembre ni sobre la posibilidad de un boicot de Rusia a los comicios.

Por eso, los gestos de los últimos días causan indignación. Primero fueron los socialistas, solicitando la comparecencia a puerta cerrada, en la comisión de secretos oficiales del Congreso, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Este viernes, el partido de Albert Rivera ha hecho lo propio, citando al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que dé explicaciones en el Congreso. Ciudadanos considera necesario que Nadal aporte información sobre las «ciberamenazas» que se habrían detectado ante las elecciones autonómicas y «las medidas de seguridad adoptadas por su departamento para garantizar que estas se celebren con absoluta normalidad democrática».

En la sesión de control al Gobierno, este miércoles, Rivera ya adelantó la presión de la oposición al Ejecutivo sobre este asunto, al preguntar directamente a Rajoy sobre las «injerencias de países extranjeros en las elecciones catalanas». Según el líder naranja, «todos los nacionalistas antieuropeos trabajan para que esas elecciones no se celebren con garantías ni con libertad». «¿Qué va a hacer el Gobierno para impedir que hackeen las elecciones, que haya injerencias de países extranjeros?».

«Las elecciones se van a celebrar en un clima de normalidad. Todo el mundo se va a presentar. Y a partir de ahí tomaremos todas las medidas para que sus temores no se tornen en nada preocupante», se limitó a responder Rajoy. El partido de Rivera había cambiado la pregunta para interpelar directamente al presidente sobre este tema.

Pistas al independentismo

En Moncloa se afea, además, que la oposición trate de forzar al Ejecutivo a dar explicaciones sobre un asunto delicado, que puede poner sobre la pista al independentismo acerca de sus futuras acciones. Ya lo adelantó el propio presidente, esta semana: «Las decisiones no se cuentan antes de tomarlas. Se cuentan una vez que han producido efectos».

Moncloa resta peso a esta preocupación y lo inscribe en una táctica electoralista, difícilmente «comprensible». Porque lo menos oportuno, concluyen, es mostrar ahora desunión frente al independentismo.

El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este viernes que el Gobierno está dispuesto a dar «cualquier información que quieran los grupos», aunque no se ha pronunciado sobre si, lo más oportuno, es hacerlo en la comisión, que pide el PSOE, o el Congreso, que reclama Ciudadanos. De hecho, insisten en que el asunto, en su caso, debería ser tratado con la mínima publicidad, en reuniones privadas.

«Con las elecciones y con las interferencias no se juega porque alguien puede estar tentado de desvirtuarlas», aseguró el portavoz. No obstante, Méndez de Vigo insistió en que los comicios catalanes del 21 de diciembre se van a desarrollar con «total normalidad» y que no habrá ninguna interferencia en sus resultados.

La razón, se sostiene en Moncloa, es que las actas de las mesas electorales estarán custodiadas por los interventores para llevar a cabo el escrutinio, de forma que serán los responsables de que los resultados son fiables.

«Frente a otras consultas ilegales, esta va a ser una consulta con tarjetas censales, con mesas legalmente dispuestas, con interventores y con resultados reales y no inventados», apostilló.

Además, aclaró que «en ningún caso» se ha acusado al Kremlin o al régimen de Venezuela de estar detrás de esta operación, sino que se señaló al uso de servidores situados «en territorio ruso y venezolano» a través de los cuales se habrían divulgado los bulos.

El Gobierno lleva semanas analizando la proliferación de mensajes en redes sociales procedentes de estos territorios. Así lo han confirmado distintos miembros del Ejecutivo, que coinciden en la discreción: «No conviene dar pistas a aquellos que quieren utilizar las redes para cometer hechos delictivos», apuntó el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido.