España

Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos tampoco se presentan ante las autoridades belgas

Clara Ponsatí
Antoni Comín y Clara Ponsatí. (Foto: EFE)
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El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados que le acompañan en Bruselas no han comparecido ante las autoridades judiciales belgas y la Fiscalía federal ve “poco probable” que se presenten ante el juez de instrucción que se designe para decidir sobre las órdenes europeas de detención y extradición que España ha cursado contra ellos.

La declaración ante el juez “no será hoy o, en todo caso, es poco probable”, han indicado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, que han subrayado que el proceso debe ser conducido “paso a paso” y que las cinco personas que reclaman las autoridades españolas “son localizables a través de sus abogados”, que han indicado su intención de “cooperar”.

Las euroordenes llegaron a Bélgica a última hora de la tarde de este viernes y afectan, además de a Puigdemont, a los ex consejeros Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí.

“Desde el momento en que los interesados son encontrados y llevados ante el juez de instrucción, éste tendrá 24 horas para tomar una decisión”, según ha indicado el Ministerio Fiscal en un comunicado en el que recuerda que el magistrado deberá decidir si se dicta prisión o libertad bajo ciertas condiciones para los afectados.

Hasta 90 días

Si el juez de instrucción acepta tramitar la euroorden (porque es conforme a derecho y porque no hay “causa de rechazo” evidente), trasladará el caso a la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) para que decida en un plazo de 15 días si se lleva a cabo o no la entrega de los cinco reclamados por las autoridades españolas.

Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.

La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

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