El Gobierno se reserva el poder de destituir en cascada a «cualquier cargo» de la Generalitat

Oriol Junqueras
Reunión del Govern antes de ser destituido (Foto: Efe).
Carlos Cuesta

La aplicación del 155 acaba de nacer y ya ha montado el máximo revuelo en los partidos de la Generalitat sólo con saber que se destituye al equipo de Gobierno de Carles Puigdemont.

Pero el plan trasladado ya al Senado por el Gobierno de Mariano Rajoy incluye todo un segundo nivel de aplicación del 155. Y es que, a partir de ahora, los ministerios que asumen el mando de cada área pasarán también a poder destituir en cascada a cuantos cargos actúen en contra de la Constitución y las leyes.

El texto remitido al Senado destaca expresamente que «acordado el cese del Presidente, Videpresidente y de los Consejeros de Gobierno, la Administración de la Generalitat de Cataluña actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno». Pero lo harán con un amplio catálogo de posibilidades entre las que se encuentran «dictar y adoptar las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio que sean necesarias para el ejercicio de las competencias y funciones asumidas. Todos ellos serán de obligado cumplimiento para el personal de la Administración».

Y, además, el Gobierno «podrá acordar el nombramiento, el cese, o la sustitución temporal con asunción de las funciones correspondientes, de cualesquiera autoridades, cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña -conforme al régimen jurídico que le sea aplicable-, así como los de cualesquiera organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma, y de su sector público empresarial».

Es más, en caso de supuesto incumplimiento o no acatamiento de estas decisiones, de nuevo el Gobierno está habilitado para aplicar los correspondientes regímenes disciplinarios o sancionadores.

En resumen, que el Gobierno se reserva la potestad de rediseñar los segundos o terceros niveles de la Administración catalana para asegurar la vuelta a la legalidad. Un poder que puede llegar a usarse pero que, simplemente con mostrarlo hará que determinados cargos o puestos se piensen dos veces su decisión de intentar entorpecer la labor del 155.

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