Trapero acude a declarar de paisano por si es detenido como adelantó OKDIARIO

El mayor de los Mossos d’Escuadra, Josep Lluís Trapero; la intendente Teresa Laplana, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, han vuelto este lunes a la Audiencia Nacional para declarar ante la magistrada Carmen Lamela por el delito de sedición, ante los nuevos datos que han aportado los atestados elaborados por la Guardia Civil sobre los incidentes registrados en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre y durante el referéndum independentista del 1 de octubre.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ya tomó declaración a los cuatro el pasado 6 de octubre, pero fue justo ese día cuando el Instituto Armado aportó sus informes, en los que apunta que los imputados formaban parte del organigrama del Gobierno catalán en su estrategia hacia la independencia.

Por tanto, una vez estudiados los atestados, Lamela quería que Trapero, Laplana, Sànchez y Cuixart volvieran a comparecer para preguntarles por la nueva información de la que disponen el juzgado de instrucción y la Fiscalía, tanto por el papel que ejercieron los Mossos en los registros en sedes de la Generalitat y en el referéndum, como la implicación de Sànchez y Cuixart en el diseño del plan independentista.

Además de los cuatro investigados por sedición, la magistrada ha citado a declarar el lunes a tres testigos de los hechos: dos guardias civiles y una secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el que ordenó los registros el 20 de septiembre.

En libertad tras la primera declaración

El interrogatorio del 6 de octubre arrancó con la intendente Laplana, que respondió a las preguntas de las partes por videoconferencia al acreditar un problema de salud relacionado con vértigos que le impedía viajar hasta Madrid.

Tras ella, le llegó el turno a Trapero, quien explicó que la actuación para proteger el dispositivo de la Guardia Civil ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre fue «correcta y necesaria» porque no se les había avisado con suficiente antelación.

Por su parte, Sànchez respondió únicamente a las preguntas de su abogado afirmando que las convocatorias de ese día eran de carácter pacífico, mientras que Cuixart se acogió a su derecho de no responder ninguna pregunta. La jueza no acordó entonces medidas cautelares para ninguno de los cuatro a la espera de esta nueva citación judicial.