El Gobierno cree que Puigdemont no se atreve a una declaración de independencia

En el Gobierno, y en la dirección del Partido Popular, existen voces discrepantes sobre si Carles Puigdemont culminará su órdago secesionista.

Pese a que la intención del presidente catalán parece una evidencia, en Moncloa analizan que las consecuencias del desafío al Estado podrían hacerle recular a última hora. El motivo para sustentar esa tesis es la propia Ley de Transitoriedad aprobada por los independentistas, y suspendida por el Constitucional, y que, en la práctica, es el marco que regirá los primeros pasos de la eventual República Catalana.

Esa ley contempla un proceso de negociación y acuerdos con el Gobierno para la transferencia absoluta de competencias, de forma que la administración de la Generalitat pase a reemplazar por completo a la administración del Estado en Cataluña.

La cuestión no es menor, porque de esa negociación dependerán, por ejemplo, cuestiones como el estatus de los trabajadores públicos del Estado en la comunidad-para lo que serán precisos los acuerdos de traspaso de personal-de los bienes del Estado en Cataluña o el asunto de la ‘doble nacionalidad’. Los independentistas aseguran que tener o adquirir la nacionalidad catalana «no exige» renunciar a la española ni a «cualquier otra», así que la norma prevé «negociaciones» para la firma de un tratado bilateral con el Gobierno español.

En fuentes de PP y de Moncloa se cree que los secesionistas saben perfectamente que el Gobierno no aceptará ningún tipo de negociación. Y ese «miedo al día después», dicen fuentes de la dirección de Génova, podría condicionar la declaración de independencia. Por ahora, la mesa del Parlament no ha resuelto aún si tramita la declaración de independencia para que se proclame esta semana.

Las dudas se dejan también entrever en el propio independentismo. Este lunes, el presidente de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas, explicó que el próximo pleno servirá para valorar «las consecuencias del referéndum» del 1 de octubre, aunque descartó avanzar si se prevé ya realizar una declaración de independencia, dando por buenos los resultados del 1-O. «Nosotros pediremos que monográficamente se pueda hablar de las consecuencias del referéndum», insistió.

La propia Ley del Referéndum, también suspendida, recoge que en caso de imponerse el ‘sí’ en el referéndum ilegal, el Parlament deberá «celebrar una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente» dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral. Este órgano, sin embargo, no existe en la práctica, ya que se disolvió para evitar las consecuencias penales del referéndum.

Las leyes de ruptura prevén un periodo de seis meses hasta que la República catalana, con su Constitución, sea un hecho. Un tiempo, creen en el PP, que «puede hacerse muy largo» a las autoridades independentistas.

La Generalitat busca apoyo exterior

Por ahora, Puigdemont ha revelado que quiere la «mediación» internacional sobre la crisis catalana. Eso implica la búsqueda de aliados en el exterior, aprovechándose de las críticas por las actuaciones policiales de este domingo.

La soledad internacional del Govern es absoluta, y ese reconocimiento es clave para la futura República, que tiene entre sus riesgos principales el de la expulsión inmediata de la UE y el vacío exterior. Las instituciones comunitarias han censurado algunas de las imágenes del referéndum, pero han insistido en el respeto absoluto a la legalidad y la Constitución.

En este sentido, Bruselas avaló este mismo lunes al Gobierno español, se reafirmó en el apoyo al liderazgo y la gestión de Mariano Rajoy y advirtió a los secesionistas de que «si se organiza un referéndum de acuerdo con la Constitución, el territorio que abandona un Estado miembro quedaría fuera de la Unión Europea».

El presidente no esperó para conversar con los principales líderes europeos sobre la situación en Cataluña, y, este mismo lunes, telefoneó a los presidentes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, así como al presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, según fuentes gubernamentales.

«A todos ellos, así como al presidente francés Enmanuel Macron, les ha agradecido el apoyo mostrado en todo momento al orden constitucional español», reveló La Moncloa. Por su parte, Rajoy insistió en «que la determinación del Gobierno a la hora de impedir el referéndum ilegal contribuye a mantener la estabilidad y la democracia en el conjunto de la Unión», un valor para las autoridades comunitarias.

Aunque una cosa es la determinación, y otra, el calendario. El presidente se resiste a avanzar más allá de los pasos que vayan dando los independentistas, y por eso, sus colaboradores piden paciencia para ver las consecuencias reales del golpe en Cataluña.

El 155 está encima de la mesa. Pero solo se aplicará cuando la declaración de independencia sea un hecho. La duda es si Rajoy tendrá que aprobarlo solo con el apoyo de Ciudadanos, o sumará también al PSOE.