El Gobierno prevé un 15-M independentista tras el referéndum ilegal

El Gobierno anticipa que el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre puede desembocar en una situación de «ocupación» de la calle, similar a la que ocurrió el 15-M, con «acampadas en las plazas», algunas espontáneas  y otras alentadas por las organizaciones de izquierda. Una forma de mantener caliente el sentimiento independentista durante unos días, incluso semanas, en vistas también a una posible celebración de elecciones.

Moncloa cuenta con que el amplio dispositivo de seguridad previsto para ese día- que involucra tanto a Mossos como guardia civiles y policías nacionales además de Guardia Urbana-sea suficiente para contener las posibles alteraciones de orden público. En fuentes gubernamentales no se atreven a dibujar un escenario de seria confrontación, aunque sí auguran que la movilización será elevada y, en consecuencia, imprevisible. Más aún después de que se haya conocido que organizaciones de la izquierda proetarra están movilizándose para estar en Cataluña el domingo.

De todas formas, y aunque esa es una de las grandes preocupaciones del presidente del Gobierno, en las mismas fuentes consideran que a los independentistas «no les interesa» trasladar una imagen de violencia y enfrentamiento. De hecho, añaden, ese es precisamente uno de los mensajes más repetidos por las organizaciones separatistas, que llaman a movilizarse de manera pacífica. «Su imagen internacional quedaría en entredicho y aún más cuestionada», interpretan en el círculo de colaboradores del presidente.

Además, los promotores de una movilización, de resultar violenta, ya saben que se arriesgarían a un posible delito de sedición, como ya ha ocurrido con las últimas concentraciones en Barcelona en protesta por los detenidos por organizar el referéndum. La Audiencia Nacional ha admitido este mismo miércoles la denuncia de la Fiscalía por este delito, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga el alzamiento «público y tumultuariamente  para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».