El Govern abre una cuenta en Twitter para saber dónde votar que le permite fichar a los ‘españoles’

La Generalitat ha habilitado una cuenta en Twitter a través de la que proporciona información sobre los puntos de votación del próximo domingo.

El perfil, que ha anunciado el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras,  supone una forma soterrada de recabar datos de quien esté dispuesto a participar en el referéndum ilegal. Así, se indica que para acceder al local asignado, es necesario enviar un ‘mensaje directo’ con datos personales, como el DNI y la fecha de nacimiento del interesado. La confidencialidad de esos datos es una incógnita.

El hecho de que la Generalitat disponga de un registro con los datos personales de los catalanes supondría en sí mismo una ilegalidad, en la medida en que, según se recoge por ley, el censo es único para todo el Estado y competencia del Instituto Nacional de Estadística.

3de4.- Hem creat un compte de Twitter per consultar on votar. Només cal enviar un DM amb DNI i data de naixement: https://t.co/BqvDLLAoqi 📥

— Oriol Junqueras (@junqueras) September 27, 2017

Una de las grandes dudas del referéndum previsto para el próximo domingo es, precisamente, el censo de que dispone el Govern.

La Ley del Referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, recogía que la elaboración de ese registro «es responsabilidad de la administración electoral del Gobierno de Cataluña», validado por la Sindicatura Electoral. En el decreto de la convocatoria del 1-O tampoco se detallaba el origen del censo, aunque sí se aseguraba que será aquél que «se haya cerrado el día 30 de marzo de 2017″, sin aportar más explicaciones.

En este sentido, la Ley de Protección de Datos es explícita en las sanciones que corresponden a los delitos por vulneración de la privacidad y que podría llevar a multas de hasta 600.000 euros.

La mencionada ley tipifica como infracciones muy graves, con multa de entre 300.506,25 y 601.012,1 euros, “crear ficheros para almacenar datos que revelen datos especialmente protegidos», la «recogida de datos de manera engañosa o fraudulenta», o «recabar datos especialmente protegidos sin la autorización del afectado». Supuestos en los que podría estar incurriendo el gobierno catalán.