El PNV sube el precio del apoyo a los Presupuestos: exigen competencia sobre las prisiones en el país vasco

Las negociaciones de los Presupuestos para 2018 empiezan desde una posición dura. Claramente más dura que las de los actuales Presupuestos.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy sabe que depende del respaldo de PNV en materia legislativa y, especialmente, en asuntos económicos y presupuestarios. Y, lo que es peor para sus intereses negociadores, PNV lo sabe exactamente igual. Los nacionalistas vascos, en consecuencia, van a utilizar esta situación para reclamar algo más que partidas económicas de cara a los Presupuestos del próximo año.

Su objetivo pasa por volver a poner en la mesa de negociación la reclamación de las competencias sobre los presos y prisiones en el País Vasco y, además, y dependiendo de la situación en Cataluña, exigir determinadas cesiones en materia territorial.

Mañana mismo representantes de PNV empezarán a fraguar sus contactos con el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal.

El Gobierno sabe que esta negociación va a ser más difícil que la que llevó al PNV a plasmar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2017. Es más, sabe que, desde el primer momento, el PNV va a introducir el precio político dentro de las contraprestaciones por el apoyo a los presupuestos de 2018.

La situación en Cataluña, clave

El precio, además, será variable y dependerá de lo que ocurra en el escenario catalán. Así, los nacionalistas vascos tienen claro que después de las grandes partidas conseguidas en materia económica en el año 2017, en esta ocasión tienen que conseguir tantos políticos que anotarse frente a sus competidores electorales en el País Vasco, Podemos y Bildu.

Por eso volverán a rescatar la petición de competencias en materia de prisiones y presos en el País Vasco y, dependiendo de la tensión separatista en Cataluña, incluso cesiones en materia territorial. Desde el PNV admiten internamente que si la escalada de tensión con los partidos separatistas en Cataluña continúa y se llega a una declaración unilateral de independencia, no tendrán más remedio qué exigir un fuerte precio en materia de cesiones constitucionales. Un precio que dejé claro a su electorado nacionalista que están mucho más cerca de los separatistas que de cualquier gobierno constitucionalista.

Es ahí donde la idea ya insinuada por Urkullu de solicitar al Gobierno una consulta similar a la de Canadá -Quebec- podría llegar a entrar en la mesa de negociación.

Por eso el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha iniciado los contactos antes del 1 de octubre: y es que quiere tener claras las intenciones de PNV y conocer el techo de sus reclamaciones antes de ese día.

Pero, sea como sea, las negociaciones inician desde un nivel qué será difícil de materializar para el Gobierno de Mariano Rajoy. Porque cualquier movimiento en una dirección excesivamente generosa con los separatistas podría convertirse en un motivo de pérdida de respaldo electoral claro para los populares. Y con el actual clima de tensión política creciente tampoco sería desdeñable un escenario de adelanto electoral.

Este complejo entramado de negociación se cruza, además, con el deseo del presidente del Gobierno de utilizar precisamente al PNV como puente hacia los separatistas catalanes con el objetivo de intentar convencerles de que no tiene sentido continuar fuera de la legalidad. De que cualquier estrategia en este sentido será cortada de raíz judicialmente.

Una situación en resumen que dará mucha fuerza Negociadora al PNV de cara a los próximos presupuestos de 2018. Y una situación que, en resumen, tampoco garantiza por el momento el éxito de esas negociaciones.