La Generalitat coacciona a los funcionarios para que se concentren en apoyo al 1-O

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Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ante el Ayuntamiento de Barcelona. (Foto: EFE)
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La Generalitat está coaccionando de forma encubierta a sus funcionarios para que acudan a las distintas concentraciones en apoyo al referéndum ilegal.

Así se comprueba en varias notificaciones que, desde las distintas consejerías y departamentos dependientes del gobierno autonómico, se están enviando a sus trabajadores.

En el correo electrónico, que ha revelado el líder del PPC, Xavier García Albiol a través de sus redes sociales, se «autoriza» a los funcionarios de la Dirección General de Familias a participar en la concentración convocada este jueves ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en apoyo a los catorce detenidos en la macrooperación de este miércoles contra la organización del referéndum ilegal. La autorización procede directamente de la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolores Bassa. 

La situación se repite, como ha podido comprobar este diario. Funcionarios de la Generalitat en los Mossos de Tarragona recibieron también este miércoles una autorización-aunque de forma verbal- para acudir a manifestarse ante la sede de la Delegación de Gobierno, coincidiendo con las actuaciones policiales.

«Los funcionarios que no hemos acudido hoy a dar apoyo al gobierno catalán, porque creemos que al trabajo se va a trabajar por los ciudadanos, con independencia de las ideas políticas que tengan, ya hemos quedado retratados al no salir en la foto», traslada con preocupación uno de estos trabajadores.

Ese temor a ser «señalados» si rechazan participar en estos actos es generalizado entre el cuerpo de funcionarios. Una situación similar a la que ya se dio el pasado febrero, cuando la consejera catalana de  Gobernación, Meritxell Borràs, instó a los trabajadores públicos a cogerse un día de fiesta para apoyar al expresidente autonómico Artur Mas en su declaración en el juicio por el 9N. Desde el PP catalán, se denunciaron estas coacciones y se alertó de la intención del gobierno independentista de hacer una «lista de Schindler» para saber qué trabajadores apoyan el proceso.

Las presiones de la Generalitat a apenas diez días del hipotético referéndum se constatan, sobre todo, en ámbitos como la educación o la Policía Local, claves para asegurar que se celebre.

Así lo denunció el sindicato de funcionarios CSIF, que explicó que los policías locales «están recibiendo presiones para que colaboren en garantizar el orden para favorecer la consulta», así como los directores de colegios y conserjes «para que llegado el momento, abran los colegios».

El sindicato advirtió de que esas coacciones son «inadmisibles» e insistió en el protocolo en el que recomienda que, ante órdenes ilegales, se pidan por escrito para denunciarlas ante el organismo Administrativo correspondiente y a la Fiscalía.

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