Rajoy ultima medidas para controlar a las entidades independentistas que impulsan el 1-0

Rajoy ultima una vuelta de tuerca más en su estrategia para impedir la celebración del referéndum ilegal. Este viernes han sido las medidas de control de las cuentas y de los movimientos bancarios. Pero no serán los últimos pasos que dé el Gobierno en el avance hacia la intervención de facto de la Generalitat y de maniatar a las entidades que impulsan el 1-O. 

Tras las decisiones de este viernes, el Ejecutivo dará otro paso al frente con una serie de medidas para controlar a las asociaciones que promocionan el referéndum ilegal, con la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural en el punto de mira, al tratarse de las dos entidades que más se han significado en apoyar el desafío independentista.

El Gobierno tiene el convencimiento de que el grado de rebeldía al que ha llegado la Generalitat provocará, no sólo nuevos intentos de desafío y violación de mandamientos judiciales, sino que llegará, incluso, a la búsqueda de tumultos y enfrentamientos que puedan ofrecer una imagen mediática de víctimas por parte de los separatistas.

Y, con el objetivo de intentar frenar esa escalada, no descarta dar, además de los mencionados, nuevos pasos en los próximos días en la dirección del artículo 155 de la Constitución. La presencia de un mayor número de guardias civiles en Cataluña o la implicación de las entidades financieras en el mecanismo de control de la financiación del 1-O avanzan en esa línea.

Tan sólo un problema se ha colado en la agenda de incremento gradual de la respuesta a la escalada del desafío constitucional. Y es que, pese a las declaraciones oficiales de los socialistas de respaldo férreo al Gobierno frente al separatismo, «los mensajes no oficiales del PSOE en los contactos decisivos no son tan contundentes. La realidad es que el 155 no lo quieren de ninguna manera», comenta una fuente popular conocedora del plan de contestación a las ilegalidades rupturistas.

Pero la decisión oficial está tomada. «El plan no descarta el uso de todo lo que implica el 155 de la Constitución. Eso sí, tras cargarnos de razón». Y ese cargarse de razón ocurre día a día, reconoce la misma fuente.

El arranque de la campaña por el 1-O, declarado ilegal, en el que, pese a las advertencias judiciales, se han celebrado diversos mítines y actos y el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho un llamamiento a la desobediencia y al voto, ha terminado de convencer al Ejecutivo. Sólo ERC cuenta con más de 500 actos de campaña programados. La antigua Convergencia, otro tanto. Todo ello sin contar con los actos de la CUP. Y el panorama será difícilmente controlable. Tanto, que puede acabar siendo el PSOE el que sufra la presión de un desgaste electoral en su capa de voto más moderada si se niega a respaldar la intervención de facto de la Generalitat en medio de un alarde de insumisión e ilegalidad.