Entrevista con Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional

Francesc Carreras: «Sánchez y el PSOE sólo han añadido barullo al 1-O con su ‘nación de naciones’»

Francesc de Carreras
Francesc de Carreras

Francesc de Carreras (Barcelona, 1943) es Catedrático de Derecho Constitucional, abogado, escritor y articulista. Veterano de la izquierda catalana durante la dictadura, donde militó en el PSUC, pasó después a Iniciativa por Cataluña, que abandonó a finales de los años 80. Muy crítico con la deriva nacionalista de los partidos de izquierda, y decepcionado ante el avance imparable del pujolismo, centró su carrera en la universidad y el periodismo, hasta participar en el proceso de fundación de Ciudadanos.

De Carreras ha expuesto recientemente su pensamiento político en un libro escrito junto a José Borrell, Josep Piqué y Juan José López Burniol, bajo el título de “Escucha Cataluña, escucha España”. Partidario de aplicar el Código Penal y el Tribunal Constitucional antes que el artículo 155 de la Constitución, recomienda desdramatizarlo por si finalmente el Estado ha de recurrir a esta alternativa.

Pregunta.- ¿Habrá urnas el 1-O?

Respuesta.- «No habrá referéndum ni legal, ni ilegal. El primero, porque no se ha planteado. Y el segundo, es imposible. Otra cosa es que en algún punto de la geografía catalana aparezca alguna mesa con unas urnas. Pero un referéndum requiere una ley vigente que lo ampare (y esta no la tiene porque está suspendida y es manifiestamente inconstitucional), una organización de mesas, presidentes, vocales, una administración electoral, un censo, y unas garantías jurisdiccionales. Y todo esto no existe y si se improvisan en el último momento, no tiene ningún tipo de credibilidad».

P.- ¿Estamos ante un 23-F sin pistolas?

R.- «Es un golpe de Estado en el sentido de que un parlamento autonómico ha querido deliberadamente y, a sabiendas, aprobar leyes manifiestamente inconstitucionales como son las aprobadas. Y por un procedimiento ilegal. Por tanto, de una forma digamos ‘posmoderna’, es un golpe. Además, anunciado con antelación porque lo avisaron hace años».

P.- ¿Cómo se llega a este punto?

R- «Es el resultado de una historia larga que viene como mínimo del año 1980, en el que con Pujol es elegido presidente de la Generalitat y se van poniendo año tras año las piedras de la llamada ‘construcción nacional’, que es coger un territorio y una población y convertirla a una ideología única: el nacionalismo. Y que una vez considerado fuerte, dar el paso para la creación de un estado independiente y separarse de España».

P.- ¿Qué ha faltado?

R.- «Ha faltado pedagogía y ha sobrado ingenuidad. En cuanto a lo primero, ha faltado una explicación por parte de los gobiernos de la época democrática, y al igual que de los partidos, de que a finales del siglo XX y ahora en el XXI no tiene sentido hablar de naciones en un mundo globalizado. Y de que Cataluña forma parte de España, y a través de España, de Europa. Y de que esto es lo mejor para ambas. Ha faltado explicar los perjuicios que supone que Cataluña quede al margen de España, y lo que sucedería si fuese independiente. Y luego, han sobrado las ingenuidades por parte de los partidos nacionales, sobre todo PP y PSOE, al aliarse con los nacionalistas catalanes de CIU y ERC por su necesidad de formar mayorías parlamentarias».

«En Cataluña, a los gobiernos centrales les ha faltado pedagogía y les ha sobrado ingenuidad frente a los nacionalistas»

P.- ¿Sería una posible solución la ‘nación de naciones’ que propone ahora el PSOE?

R.- «Pedro Sánchez sólo ha añadido barullo con esa propuesta, primero con la propuesta en sí. Después, asegurando que tiene un ‘concepto no nacionalista’ del término nación. Pero la pedagogía sobre qué es una nación en sentido jurídico, y qué en sentido cultural, se tenía que haber hecho antes. Nunca es tarde, pero sus posiciones son un error. Aunque suponen una anécdota frente a un plan perfectamente trazado, y documentado en casi una veintena de informes oficiales de la Generalitat desde las elecciones de 2012. En cambio, por el otro lado, desde el Gobierno de España, no se ha hecho ni se ha explicado nada a los ciudadanos catalanes».

P.- ¿Es necesaria una reforma de la Constitución?

R.- «Soy partidario de introducir de una reforma puntual, de algunos cambios en algunos artículos de la Carta Magna. En este sentido, considero que la reforma del modelo territorial que ha lanzado el PSOE y que parece el PP está en condiciones de aceptar es un paso positivo. Así que bienvenida sea esa reforma, si es para racionalizar y mejorar el funcionamiento del Estado de las Autonomías».

«Soy partidario de una reforma de la Constitución, pero no para complacer con nuevas cesiones a los independentistas»

P.- ¿Y esa reforma debería conllevar nuevas cesiones a Cataluña?

R.- «De ningún modo, porque sería abdicar de la autoridad del Estado. Los ciudadanos catalanes merecen atención como cualquier otros ciudadanos de España. Y el Gobierno lo ha hecho, por ejemplo, otorgando créditos a muy bajo interés dada la situación económica con la Generalitat como organismo quebrado en el mundo y al que nadie quiere prestar dinero. Cualquier reforma ha de hacerse para todos y atendiendo a los intereses de todas las comunidades autónomas, de todo el Estado en su conjunto, y no para complacer a los independentistas por el llamado problema catalán».

P- ¿Los daños del proceso separatista son ya irreparables?

R.- “No hay ningún daño irreparable. En la Historia siempre se puede rectificar, aunque no se debía haber llegado a esta situación. Y ha sido así por las políticas extremadamente ingenuas de los gobiernos centrales sucesivos de España respecto a las intenciones de los nacionalistas catalanes, que estaban ya diseñadas en 1980. A partir de entonces, se impuso el sometimiento al nacionalismo y para ser políticamente correcto había que ser nacionalista».

P.- ¿Se puede detener este desafío de los separatistas si no no desisten de su actitud?

R.- «El Estado tiene suficientes recursos legales para parar este golpe, y naturalmente que se puede. Tiene el Tribunal Constitucional, para que se cumplan las sentencias, y, en paralelo, ha de aplicarse el Código Penal. Y cómo no, el artículo 155 de la Constitución que está previsto para casos de un flagrante incumplimiento de una comunidad autónoma que afecte a los intereses generales. Se ha hablado de la Ley de Seguridad Nacional, pero creo que está pensada para otro tipo de situaciones».

P.- ¿En qué orden deberían implementarse esas medidas legales?

R.- «Primero, el Código Penal y la ejecución de sentencias del TC que deben ir en paralelo, como se está haciendo en este momento. Y si esto no fuera necesario, si el Estado de Derecho no se cumpliera en Cataluña y afectara, por tanto ,a los derechos y libertades de los catalanes, después recurrir al 155. Que está en la Constitución, y que no es ninguna situación excepcional como la Ley de Excepción y Sitio, que también está en la misma norma. Pero hay que desdramatizar el 155, y acercarlo a la opinión pública, porque medios y políticos han contribuido a que parezca un golpe de Estado encubierto interno cuando es todo lo contrario: es para evitarlos».

P.- ¿El Gobierno está a tiempo de poder aplicar aún el artículo 155 o ya no hay plazo, como mantienen algunos juristas?

R.- «Hay procedimientos para acelerar los trámites y que permitirían su puesta en marcha en un plazo de siete u ocho días, por lo que es falso que el Ejecutivo de Mariano Rajoy llegue tarde, y no disponga ya de tiempo».

P.- ¿Qué situación prevé hasta el 1-O y después de esa fecha?

R.- «Hasta el día del referéndum, nos espera una situación tensa, porque puede haber intentos de ocupar edificios oficiales, o que los radicales intenten permanecer durante tiempo en la calle con violencia, haciendo escraches… Desde la propia Generalitat se está coaccionando a los alcaldes, como ha hecho incluso el presidente Puigdemont. Y a partir del 1 de octubre, pues como ese referéndum no se llevará a cabo, habrá protestas y quizá algunos actos violentos. Pero el Estado tiene instrumentos para salvaguardar las libertades y los derechos de todos los ciudadanos».

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