El Gobierno refuerza el contacto con los funcionarios para frenar el 1-O

El Gobierno ha estrechado el contacto con los funcionarios catalanes, para trasladarles su protección en el caso de que no colaboren con las órdenes de la Generalitat para la celebración del referéndum ilegal. 

Esa es la «mayor obsesión» del presidente, confían desde su entorno. En los últimos días, el colectivo -en especial, los secretarios e interventores municipales- ha hecho llegar directamente su preocupación a La Moncloa, reclamando garantías ante las presiones de la Generalitat. Según esas mismas fuentes, el propio Rajoy se está implicando personalmente para que los funcionarios tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno les protege frente a la vulneración de la legalidad emprendida por las autoridades catalanas.

El jueves, un día después de la convocatoria del referéndum, el presidente ya dedicó parte de su declaración ante los medios a asegurar la protección de los funcionarios, asegurando que «nadie» puede obligarles a hacer «algo ilegal».

El mensaje es insistente en Moncloa, a sabiendas de que la actuación de los funcionarios es clave para que el referéndum sea un rotundo fracaso. Desde los propios Mossos a los directores de instituto. En el Ejecutivo advierten de que colaborar con el acto ilegal no estará exento de responsabilidades. «Y no creo que ningún mosso esté dispuesto a jugarse su plaza», aseveran desde la dirección del PP.

Desde los sindicatos de funcionarios ya se venía trasladando la inquietud por la situación ante el 1-O. Los trabajadores públicos afirman estar «en tierra de nadie» o «en la encrucijada», como la pieza más vulnerable de las órdenes cruzadas de la Generalitat y el Gobierno central. El propio Puigdemont remitió el pasado jueves una carta a los ayuntamientos en los que se les advierte de que deben poner a disposición del Govern los locales de su titularidad que se usan habitualmente como centros de votación. También les recuerdan que hay un «régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar el referéndum» y que los cargos públicos deben cumplirlo.

Casi en paralelo, el Gobierno -por medio del secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro- envió otra misiva en la que se recordaba a los consistorios que el Tribunal Constitucional «ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Catalunya y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum» y que dicha convocatoria atenta contra varios artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

Junto a los empleados municipales, el Gobierno catalán ha puesto entre sus objetivos prioritarios a los directores de los centros educativos, esenciales para la apertura de estos lugares de votación, y a quienes tratan de convencer de que ceder los colegios no implicará responsabilidades penales. La ‘maquinaria’ independentista está organizando charlas en distintos municipios en las que, apoyados en sus propios informes, se les asegura que no podrán ser sancionados.

El Gobierno recuerda que ahora, a diferencia del 9-N, los funcionarios también podrán ser inhabilitados o sancionados, como se establece en las propias sentencias del Tribunal Constitucional.

Pese a los alcaldes que ya han expresado su apoyo al referéndum ilegal, Moncloa tiene confianza de que el grueso de los funcionarios sí dará plantón al referéndum poniéndose del lado de la legalidad.

En fuentes del partido de Gobierno se constata que el tejido social de Cataluña está con el Ejecutivo. Una percepción que procede de la ‘Operación Diálogo’, liderada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y que, según los ‘populares’, permitió asegurarse la confianza de una mayoría civil y empresarial catalana, representada en asociaciones de distinta naturaleza.