Carmena trató de impedir 7 veces un acto contra la catalanización de Aragón, Baleares y Valencia

El Ayuntamiento de Madrid trató de evitar, hasta en siete ocasiones, la celebración de un acto convocado varias asociaciones contra la ‘catalanización’ de Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. La convocatoria se celebró finalmente este fin de semana, gracias a la mediación de la Delegación de Gobierno en Madrid.

Así consta en la documentación de la Plataforma Aragonesa ‘No Hablamos Catalán’, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, y en la que se incluyen los sucesivos rechazos del Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena.

En concreto, se explica que ya desde el 16 de marzo solicitaron a la Junta Municipal de Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid permiso para la instalación de tres mesas informativas en los meses de mayo, junio o septiembre.

Los lugares elegidos, por este orden, eran la Plaza de Callao, Puerta del Sol, Plaza del Campillo de Nuevo Mundo, Plaza Tirso de Molina, Plaza de Jacinto Benavente, Plaza de la Cebada hasta, finalmente, «el que tuviera a bien la Junta Municipal de Distrito Centro». También se ofrecieron distintas fechas para la convocatoria, desde el 6 o 27 de mayo, el 3, 10, 12, 17 o 24 de junio o el 9 de septiembre.

Según denuncian los coordinadores, remitiéndose a los correos electrónicos recibidos, el Ayuntamiento madrileño denegó sucesivamente estos permisos alegando diversas razones: porque «dicho espacio se encuentra ocupado con otras actividades en esa fecha»,  porque «a la vista del incremento generalizado de solicitudes para ocupaciones periódicas del espacio público, este Distrito se ve en la necesidad de acotar las mismas para garantizar un adecuado equilibrio entre el derecho a expresar opiniones y proyectos por parte de la ciudadanía organizada y la calidad de vida de vecinos y visitantes», o bien porque «la Plaza de Callao o en la Plaza Puerta del Sol, como ya les informamos estás plazas, como el resto de los lugares emblemáticos del Distrito Centro tienen una alta afluencia peatonal, lo que dificulta, cada vez más, autorizar ocupaciones en la vía pública».

En todos los casos, se les invitó a cursar la solicitud a otros distritos, en ningún caso el distrito Centro pese a que es éste el que acoge la mayoría de manifestaciones y protestas de la capital.

Siguiendo estas indicaciones, finalmente, el 16 de mayo, los organizadores solicitaron permiso a la Junta Municipal del Distrito de Retiro para la instalación de tres mesas informativas en la Plaza de Murillo-perteneciente a este distrito-para este mismo sábado.

Se les requirió el informe de un técnico

En este caso, se les contestó requiriéndoles una abundante documentación: «una solicitud por Registro mediante instancia general al menos con un mes de antelación», acompañada de una «memoria explicativa», «mapa de situación de las instalaciones» y, lo más llamativo, «siempre que lleve algún elemento instalado en la vía pública se debe aportar certificado suscrito por técnico facultativo habilitado legalmente, en el que se describan las características, dimensiones, ubicación y demás elementos técnicos relativos a aquello que pretenda instalarse, garantizándose  su estabilidad estructural en la hipótesis de esfuerzos extremos y  su adecuación a las condiciones de prevención y extinción de incendios, evacuación, estabilidad y reacción al fuego de conformidad con la normativa reguladora». Asimismo, se les demandaba una «copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil, en vigor, suscrita por el peticionario que de cobertura a la actuación pretendida así como copia del último recibo pagado de la misma».

Ante estas trabas, en el mes de agosto, decidieron contactar con la Delegación del Gobierno en Madrid, comunicando la intención de convocar una concentración en la Plaza Callao de Madrid el 9 de septiembre. La Delegación les remitió su autorización apenas quince días después, alegando el «derecho de reunión en lugares de tránsito público, reconocido en el artículo 21.2 de la Constitución».

«A ‘Podemos-Ahora Madrid se les llenan las bocas convocando movilizaciones y clamando por el derecho de los ciudadanos a protestar en la calle, sin embargo, a nosotros no nos lo han permitido», lamentan los organizadores.

«Política imperialista»

Pese a ello, las organizaciones se declaran «muy satisfechas» por la acogida del acto, durante el cual se firmó un ‘Manifiesto a la nación española’, en el que se declara el «total rechazo hacia cualquier disposición que desde el nacionalismo catalanista suponga una aproximación o usurpación geográfica y política de nuestras respectivas comunidades autónomas bajo la mentira de la pretendida unidad lingüística».

El manifiesto denuncia la existencia de una ‘política imperialista’ por parte de la Generalitat, y con la complicidad de Podemos, Chunta Aragonesista (en Aragón), Compromís (en Valencia) y PSM-Entesa (en las Islas Baleares), que tratan de imponer un «pancatalanismo» en estas comunidades que, «bajo la mentira de la unidad lingüística, quiere acabar con lo que fueron los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca».