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Los alcaldes independentistas quieren sortear la multa del 1-O cediendo los locales para “actos culturales”

Junta Electoral
Una mujer deposita una papeleta en un colegio electoral (Foto: Getty).
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El patrimonio personal de los alcaldes favorables a la celebración del referéndum ilegal preocupa más que la propia cesión de locales para que eche a andar la consulta el próximo 1 de octubre. Así y en lugar de echarse atrás ante la Generalitat, anuncian que cederán estos espacios municipales “para actos culturales”.

Estos responsables municipales pretenden evitar las responsabilidades y las posibles multas por parte de la Justicia tras ceder espacios para realizar un referéndum que es ilegal. Es el mandato que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras entidades independentistas que han impuesto a estos alcaldes y directores de colegios para tranquilizarles ante las posibles represalias que tome contra ellos el Estado.

Encubrir el referéndum con exposiciones

Las fuentes consultadas admiten a este medio que “no ha habido reuniones, pero sí ha habido llamadas” con algunos alcaldes independentistas porque “querían echarse atrás y no ceder los locales”, admiten.

Los atentados de Barcelona y de Tarragona han enfriado la celebración del referéndum y algunos regidores separatistas dudan ahora si merece la pena su inhabilitación por ceder estos espacios municipales el próximo 1 de octubre. Desde la Generalitat recalcan que los alcaldes son ahora una de sus piezas clave para que el referéndum se realice con todas las garantías.

Desde la ANC se pusieron en contacto esta semana con algunos regidores para convencerles y asegurarles de que no hacen nada malo, sino que cederán locales para la celebración de “actividades culturales” como exposiciones, charlas, talleres y conferencias que podrían celebrarse el mismo día de la consulta ilegal para evitar que el Tribunal Constitucional actúe. La consejera catalana de Enseñanza, Clara Ponsatí, también contempló hace un mes la posibilidad de colocar las urnas en distintos colegios e institutos, así como en dependencias de la Generalitat “donde no habría problemas de llaves”, aclara, pero nada se sabe. “No podemos avanzar nada por el momento”, señalan desde la propia consejería.

En concreto, 787 de los 948 consistorios catalanes pertenecen a la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña (AMI). Y algunos socialistas que no están inscritos también han mostrado su disposición como es el Ayuntamiento de Centelles.

Tal y como publicó OKDIARIO, a mediados de agosto este consistorio socialista celebró una Mesa por el Referéndum donde firmaron este manifiesto todos los grupos con representación municipal: PSC, Ahora Juntos por Centelles (donde figura ERC), la CUP, el PDeCAT y la Asamblea Nacional Catalana de Centelles. Al resto de grupos les llamó la atención que a la cita no asistiera el alcalde del PSC, Miquel Arisa, y que finalmente firmase el concejal socialista Josep Arisa, que tendrá que responder ante la dirección de su partido tras el toque de atención a los ‘alcaldes díscolos’.

“No ha habido llamada de la dirección (del PSC) y damos la posibilidad a esos ciudadanos que quieren que vayan a votar”, señalaron desde el consistorio socialista de Centelles a OKDIARIO.

“Más de 6.000 urnas”

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ‘incendió’ el panorama político esta semana asegurando que la Generalitat ya dispone de “más de 6.000 urnas” para celebrar el referéndum ilegal. En una entrevista en Financial Times dijo: “Ya tenemos más de 6.000 urnas. No veo de qué modo el Estado puede frenarlo”.

La Generalitat inició en mayo el proceso para comprar 8.000 urnas, 2.000 más que las anunciadas ahora, y la Fiscalía se querelló contra la entonces consejera de Presidencia, Meritxell Borràs, y su secretario general, Francesc Esteve.

El Gobierno catalán llegó a homologar a dos empresas como posibles fabricantes de urnas, pero a finales de junio declaró el concurso público desierto alegando que ninguna de las dos cumplía todos los requisitos exigidos. Entonces inició un proceso de compra “directa” de las urnas, aunque no detalló cómo: Puigdemont tampoco lo concreta en la entrevista.

Ahora avisa de que el 1-O se habrá aunque le inhabiliten o condenen a prisión: “No quiero ir a la cárcel, pero no hay nada que me puedan hacer a mi que pueda frenar este referéndum”.

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